Un hombre con antecedentes por violencia de género volvió a agredir a la misma mujer. Ya la había atacado cortándole el cuello en 2025. Esta semana usó un cúter. Ella se negaba a denunciar. El Juzgado de Garantías 6 de Florencio Varela debió actuar de urgencia para que recibiera atención médica.
En las primeras horas del lunes 20 de abril, vecinos del barrio Bosques de Florencio Varela alertaron a la policía por un nuevo episodio de violencia de género. La víctima —identificada en esta crónica solo como «B.» para resguardar su seguridad— tenía una herida sangrante en el rostro provocada por un cúter. El agresor es su expareja, el mismo hombre que en 2025 ya la había atacado cortándole el cuello.
Tiene condena. Tiene antecedentes. Y sigue en libertad.
Se negaba a denunciar: la Justicia tuvo que intervenir para que la atendieran
Cuando el personal policial llegó al lugar, B. se negaba a recibir atención médica y a firmar cualquier tipo de documentación. No quería saber nada con denuncias ni trámites. Una actitud frecuente en víctimas de violencia de género sometidas a ciclos prolongados de abuso, donde el miedo y la dependencia emocional operan como barreras invisibles.
Fue necesaria una intervención del Juzgado de Garantías 6 de Florencio Varela, siempre destacado por su perspectiva de género para lograr que B. aceptara ser atendida y, finalmente, solicitara medidas de protección. Según fuentes judiciales consultadas por Infosur, el allanamiento del domicilio fue ordenado con un doble objetivo: verificar que el agresor no estuviera escondido adentro y garantizar que la mujer recibiera asistencia médica.
«Logramos que aflojara y pidiera medidas de protección», señaló una fuente del Poder Judicial que prefirió no ser identificada.
Las medidas de protección dispuestas de urgencia
En el marco de la causa caratulada como lesiones agravadas, el juzgado del Dr. Carlos Aguero, con intervención de la secretaría a cargo del Dr. Martín Grissutti, dispuso en las primeras horas del lunes un paquete de medidas cautelares de emergencia:
- Prohibición de acercamiento a 300 metros de la víctima, su grupo familiar y su domicilio en Bosques, por 120 días
- Prohibición de contacto por cualquier medio: llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram
- Rondín policial permanente en el domicilio de B.
- Botón antipánico
- Allanamiento urgente del domicilio
- Comunicación a la Dirección de Género Municipal por tratarse de un caso de alto riesgo
Las medidas fueron adoptadas al amparo de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer y el Acuerdo 4099/23 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Un historial que escala: en 2025 ya la atacó cortándole el cuello
Este no es el primer episodio ni el segundo. El mismo hombre fue denunciado y procesado el año pasado por cortarle el cuello a B., hecho que dio origen a la causa radicada en la UFI 4 de Florencio Varela. En ese expediente, el imputado recibió una condena con ejecución condicional: sin prisión efectiva.
El nuevo ataque —una herida con cúter en el rostro— tramita ahora ante la UFI 10.
Dos fiscalías. Dos causas. Ninguna solicitó la detención del imputado.
La pregunta que incomoda: ¿por qué las fiscalías no piden la detención?
La reincidencia es documentada. Los antecedentes, probados. La escalada de violencia, evidente. Sin embargo, ni la UFI 4 —que lleva el caso del ataque al cuello de 2025— ni la UFI 10 —interviniente en el ataque de esta semana— habrían requerido hasta el momento medidas privativas de la libertad contra el agresor.
Desde el ámbito judicial, la preocupación no se disimula. «Todo parece que termina como lo del año pasado… no le dan bola», dijo una fuente que sigue la causa de cerca.
La frase que más pesa en el expediente es brutal en su sencillez: «La va a terminar matando.»
El patrón que la estadística confirma
El caso de B. es un patrón. Según datos del Observatorio de Femicidios de Argentina, la mayoría de las víctimas de femicidio habían realizado denuncias previas. La reincidencia del agresor sin consecuencias penales efectivas es uno de los factores de riesgo más consistentes en los casos que terminan en tragedia.
En este caso, el sistema contó con todas las señales de alerta: denuncia previa, condena anterior, nuevo ataque con arma, víctima que se niega a pedir ayuda por miedo. El protocolo de alto riesgo estaba activado. La detención preventiva del agresor, sin embargo, no llegó.
Infosur resguarda la identidad completa de la víctima y su domicilio exacto en cumplimiento de los estándares de protección periodística en casos de violencia de género (Ley 26.485 y resoluciones del ENACOM).
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