Jefes comunales de todo el país presionaron al Gobierno nacional por la falta de fondos. Desde Florencio Varela, Andrés Watson acompañó el reclamo junto a Axel Kicillof.
En medio de un clima de creciente tensión con el Gobierno nacional, intendentes de todo el país salieron a reclamar por la falta de transferencia de fondos coparticipables y advirtieron que el incumplimiento “es delito”.
El planteo se hizo público tras un encuentro de la Federación Argentina de Municipios en la Ciudad de Buenos Aires, donde jefes comunales bonaerenses expusieron el impacto directo del ajuste en sus distritos. Desde Florencio Varela, el intendente Andrés Watson participó de la jornada junto al gobernador Axel Kicillof.
“El contexto es adverso, pero es cuando más presente tiene que estar el Estado”, sostuvo Watson tras el encuentro, donde se compartieron diagnósticos y experiencias de gestión en un escenario marcado por la caída de recursos.
Uno de los pronunciamientos más duros llegó desde el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional y el impacto de los aumentos. “El incremento de la nafta duplica la inflación y los servicios subieron entre 700 y 1000 por ciento”, denunció.
En esa línea, reclamó una revisión del esquema impositivo y exigió mayor responsabilidad del Estado nacional: “Se cargan sobre las tasas municipales cuando son los tributos nacionales los que encarecen los costos”.
El reclamo tuvo carácter federal. Intendentes de distintos puntos del país coincidieron en que la falta de coparticipación está afectando servicios esenciales como salud, infraestructura y asistencia social.
Desde el interior bonaerense, el jefe comunal de Patagones, Ricardo Marino, advirtió sobre el deterioro social: “Ya hay hambre en nuestros pueblos”.
En tanto, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, fue contundente: “El Gobierno nacional está incumpliendo su obligación constitucional de coparticipar los recursos. Esto no afecta a un gobernador, sino a toda la ciudadanía”.
Uno de los conceptos más fuertes lo expresó el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, quien aseguró que los fondos recaudados mediante impuestos deben distribuirse según lo establece la ley: “Si no lo hacen, es delito”.
La preocupación también alcanza a la caída de ingresos. El intendente de Necochea, Arturo Rojas, reveló que en lo que va del año los municipios recibieron un 10% menos de coparticipación en términos reales, mientras aumentan las demandas sociales.
El trasfondo del conflicto expone una disputa política y económica más profunda entre la Nación y las provincias, con los municipios como primer frente de impacto. En el conurbano bonaerense, donde la crisis golpea con mayor intensidad, los intendentes advierten que la situación ya es “crítica” y podría agravarse en los próximos meses.
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