Mientras gran parte de América Latina se acostumbra a ver cómo gobiernos de ultraderecha recortan derechos, privatizan la vida y gobiernan para los mercados antes que para las personas, Bolivia vuelve a recordar algo que en otros países parece olvidado: los pueblos no están obligados a obedecer en silencio.
Capitán Cianuro
Bolivia atraviesa por estas horas una de las crisis políticas más intensas de los últimos años. Las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz ya superan las dos semanas, con bloqueos de rutas, enfrentamientos, desabastecimiento y un creciente despliegue policial y militar en distintos puntos del país. Las imágenes que llegan desde La Paz muestran columnas de mineros, campesinos, maestros y trabajadores movilizados mientras el Ejecutivo intenta recuperar el control de las carreteras y contener una crisis que amenaza con profundizarse día tras día.
Pero lo que ocurre en Bolivia no puede leerse solamente como un conflicto interno. Lo que está en juego es mucho más grande: es el choque entre un pueblo que conserva memoria de lucha y una región donde las ultraderechas avanzan intentando instalar la resignación como única forma posible de convivencia social.
En los últimos años, América Latina comenzó a entrar en una etapa peligrosa. Gobiernos y sectores políticos que antes ocultaban sus intenciones hoy gobiernan abiertamente para los mercados, las élites económicas y los grupos empresariales concentrados. Ya no necesitan disimular. Ajustan, privatizan, recortan derechos y reprimen protestas mientras hablan de libertad, orden y estabilidad. El problema es que esa libertad casi nunca incluye a las mayorías.
En Argentina, el laboratorio ultraderechista convirtió el sufrimiento social en programa económico. Millones de personas perdieron poder adquisitivo, las universidades públicas fueron asfixiadas presupuestariamente, los jubilados quedaron atrapados entre inflación y abandono, y cualquier reclamo social comenzó a ser tratado como una amenaza al orden. Lo más grave no fue solamente el ajuste, sino la construcción de una lógica política donde la crueldad empezó a presentarse como virtud de gobierno. La empatía pasó a ser ridiculizada y el individualismo extremo se instaló como sentido común.
En Ecuador, el deterioro democrático avanzó bajo el discurso permanente de la seguridad. La militarización dejó de ser excepcional para transformarse en paisaje cotidiano. Estados de excepción, presencia de fuerzas armadas en las calles y restricciones justificadas por la lucha contra el crimen terminaron configurando un modelo donde gobernar mediante el miedo comenzó a normalizarse. Cuando una sociedad vive permanentemente aterrorizada, cuestionar al poder se vuelve cada vez más difícil.
Y en Chile, después del enorme estallido social que prometía abrir un nuevo ciclo político, gran parte de la energía transformadora fue absorbida por una institucionalidad incapaz de responder a las demandas profundas de la población. El malestar sigue existiendo, pero también el desgaste, la frustración y el cansancio de una ciudadanía que vio cómo muchas promesas de cambio terminaban chocando contra los límites impuestos por el poder económico y político tradicional.
Bolivia aparece entonces como una excepción incómoda.
Porque mientras en gran parte de la región las ultraderechas logran instalar el miedo, el disciplinamiento social y la idea de que no existe alternativa posible al ajuste, en Bolivia todavía hay sectores populares dispuestos a paralizar el país para defender lo que consideran derechos irrenunciables.
Eso explica por qué las protestas bolivianas generan tanta atención y, al mismo tiempo, tanta incomodidad.
Durante años, Bolivia fue objeto de burlas y prejuicios racistas dentro de América Latina. Se la presentó como un país atrasado, pobre o políticamente caótico. Sin embargo, mientras muchos repetían caricaturas desde escritorios o estudios de televisión, el pueblo boliviano seguía conservando algo que en otros lugares comenzó a erosionarse: conciencia de organización popular.
Las movilizaciones actuales no nacen de un capricho. Son la respuesta a un deterioro económico y político que golpea directamente a las mayorías. Los bloqueos de rutas, el desabastecimiento y la tensión creciente reflejan el agotamiento de una parte importante de la sociedad frente a decisiones que sienten tomadas lejos de sus necesidades reales.
El gobierno denuncia intentos de desestabilización ligados al entorno del expresidente Evo Morales. Seguramente exista una fuerte disputa interna por el poder. Pero reducir la crisis únicamente a una operación política sería ignorar el descontento social genuino que hoy atraviesa al país.
Porque cuando miles de personas salen a las calles pese al riesgo de represión, pérdida de ingresos o violencia, lo que existe no es solamente obediencia partidaria: existe hartazgo.
Y ese hartazgo conecta directamente con algo que atraviesa hoy a toda América Latina. La región vive un momento donde las democracias empiezan a vaciarse de contenido social. Se vota, sí. Pero muchas veces se gobierna exclusivamente para minorías privilegiadas mientras las mayorías reciben ajuste, precarización y discursos que las responsabilizan incluso de su propia pobreza. Las ultraderechas entendieron perfectamente que para consolidarse necesitan destruir no solo derechos económicos, sino también la idea misma de comunidad.
Por eso atacan sindicatos, universidades, organizaciones sociales, movimientos feministas y cualquier espacio colectivo capaz de construir resistencia.
Bolivia, con todas sus contradicciones y conflictos, sigue mostrando que todavía hay pueblos que no aceptan fácilmente ese proceso de domesticación política y cultural.
Eso es lo verdaderamente importante detrás de las imágenes de carreteras bloqueadas y enfrentamientos. Lo que está ocurriendo no es solamente una crisis nacional. Es una disputa regional entre dos modelos profundamente distintos: uno que busca ciudadanos obedientes, endeudados y aislados; y otro donde todavía sobrevive la idea de que la política debe responder a las necesidades de la gente y no únicamente a los mercados.
Las ultraderechas latinoamericanas necesitan que los pueblos se acostumbren al miedo y a la resignación. Necesitan convencer a las sociedades de que protestar no sirve, de que organizarse es inútil y de que cualquier intento de resistencia solo traerá caos.
Bolivia hoy rompe ese relato.
Y quizás por eso incomoda tanto. Porque recuerda algo que muchos gobiernos quisieran borrar definitivamente de la memoria colectiva latinoamericana: cuando un pueblo pierde el miedo, ningún poder es completamente invencible.
