Familiares de las víctimas de la «Masacre de Quilmes» pidieron que una oficial no sea ascendida

Familiares de las víctimas de la denominada «Masacre de Quilmes», en la que fallecieron cuatro adolescentes tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados en 2004, expresaron su rechazo al ascenso que recibió una oficial que presta servicio en la Estación Policial de Quilmes y que está implicada en esa investigación.

El reclamo fue realizado ayer durante un encuentro con funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y autoridades de Asuntos Internos, tras lo cual se resolvió avanzar con el sumario administrativo y trasladar a otra sede policial a la subcomisario Elda Marina Guaquinchay Bogado, a quien se la investiga por «omisión de evitar torturas» en perjuicio de las víctimas de la «Masacre de Quilmes».

Fuentes policiales confirmaron que de la reunión participaron Pablo Fernández, subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense y Laura Piana, de Asuntos Internos, quienes recibieron a Elvia González e Isabel Figueroa, madres de Diego Maldonado (15) y Manuel Figueroa (17), ambos fallecidos; y Ana Aliendo, madre de Walter Aliendo, uno de los sobrevivientes.

Los familiares estuvieron acompañados de Tobías Corro Molas, referente social del barrio Villa Itatí, de donde eran las víctimas; y Rodrigo y Margarita Jarque de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Según las fuentes consultadas, durante el encuentro las familias de las víctimas del incendio de la comisaría 1ra. de Quilmes, ocurrido en octubre de 2004 y donde fallecieron cuatro adolescentes, reclamaron por el ascenso que recibió la oficial Guaquinchay Bogado, quien en enero recibió el cargo de subcomisario y actualmente trabaja como secretaria en la actual Estación de Policía de Quilmes.

Los familiares, además, expresaron su repudio a que la oficial siga cumpliendo servicios en Quilmes, el mismo partido en el que ocurrió la masacre.

«El compromiso que se asumió es trasladar a la oficial de la dependencia que fue nombrada y avanzar con la resolución de su sumario administrativo que estaba asociado al juicio penal, que se pasó para el 2022», indicó Corro Molas, quien explicó que para él y los familiares fue «favorable» el encuentro. «Asuntos Internos de la Policía bonaerense se comprometió en avanzar con la resolución del sumario administrativo cuanto antes, sin necesidad de esperar a lo que resuelva la justicia penal», dijo.

Es que la subcomisaria está imputada ante el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Quilmes, que en un principio había puesto como fecha de inicio del juicio para junio último pero que, debido a las restricciones por la pandemia, fueron postergadas para diciembre del año próximo.

El caso

La «Masacre de Quilmes» ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas. En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes: los mencionados Maldonado y Figueroa, Elías Giménez (15) y Miguel Aranda (17).

Maldonado fue el primero que falleció -el 21 de octubre- tras el incendio, mientras que el día siguiente murió Figueroa; el 25 de octubre, Giménez, y el 11 de noviembre, Aranda. Por las torturas y el incendio, se encuentran sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.

Tras ese debate y gracias a las declaraciones aportadas por testigos que fueron buscados «casa por casa» por los familiares de las víctimas, la oficial Guaquinchay Bogado fue señalada como una de las policías que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que hasta entonces no había sido imputada. Guaquinchay Bogado, en ese momento embarazada de siete meses, habría formado parte, según testigos, de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas, y no habría hecho nada para detener las torturas.