Colombia acaba de sumar otra pieza al tablero que, desde mi perspectiva, Washington parece estar armando en la región. Una reflexión sobre cómo el trumpismo y la derecha radical dejaron de ser un fenómeno exclusivamente estadounidense para influir cada vez más en el mapa político latinoamericano.
Capitán Cianuro
Con los últimos resultados electorales en Colombia, cae otra pieza en el tablero geopolítico que, a mi juicio, Estados Unidos busca consolidar en la región, acercándose a un escenario que podría aislar a Brasil y México, las dos mayores potencias de América Latina.
Comparto esta reflexión con preocupación, porque considero que aún no se dimensionan los cambios que podrían venir. El trumpismo y la nueva derecha radical ya no son un fenómeno exclusivo de Estados Unidos: una nueva ola política está transformando el continente y reconfigurando los equilibrios que dominaron buena parte de las últimas dos décadas.
Si hubiera que señalar un punto de partida, podría situarse en El Salvador con Nayib Bukele, quien construyó la imagen de un Estado fuerte, simbolizado por el CECOT. Sin embargo, también existen cuestionamientos sobre su gestión. Diversos analistas recuerdan que gran parte de las estructuras criminales ya venían siendo perseguidas antes de su gobierno y que sobre su administración pesan denuncias relacionadas con eventuales negociaciones con pandillas y otros hechos que continúan siendo objeto de debate.
¿Es comprensible que una sociedad agotada por la violencia esté dispuesta a ceder parte de sus garantías institucionales a cambio de mayor seguridad? Es una pregunta compleja, que merece ser discutida sin simplificaciones. Mi preocupación surge cuando esa lógica comienza a replicarse como modelo regional, lo que algunos han denominado un posible «Plan Cóndor 2.0». No afirmo que exista una coordinación secreta, sino una convergencia de intereses, discursos y estrategias que merece ser observada con atención.
La llegada de Javier Milei al poder en Argentina, con un fuerte ajuste fiscal y un rápido alineamiento con Washington, no parece un hecho aislado. A ello se suman los recientes cambios políticos en Colombia; el triunfo del ultraconservador José Antonio Kast en Chile; el avance de nuevos liderazgos en Bolivia tras dos décadas del MAS; la continuidad de Daniel Noboa en Ecuador; y el retorno del fujimorismo al poder en Perú con Keiko Fujimori, en un proceso que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. Más que simples coincidencias o expresiones de descontento ciudadano, este conjunto de procesos puede interpretarse como parte de una profunda reconfiguración política regional.
Desde una perspectiva geopolítica, la estrategia recuerda al aislamiento progresivo de posiciones clave antes de enfrentar directamente a los actores de mayor peso. En ese escenario, Brasil y México representarían los principales contrapesos. La derecha ha fortalecido su presencia en buena parte del Pacífico Chile, Perú, Ecuador y Colombia, mientras Argentina consolida el flanco atlántico. Más allá del discurso sobre seguridad, cabe preguntarse si también existe una disputa por el control de rutas comerciales, corredores bioceánicos, petróleo, litio, cobre, agua dulce y otros recursos estratégicos que definirán la economía mundial durante las próximas décadas. América Latina concentra una parte importante de esas riquezas y, precisamente por ello, difícilmente puede entenderse al margen de la competencia entre las grandes potencias.
Esta reflexión también exige autocrítica. En Chile, por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric destinó gran parte de su capital político al proceso constituyente, que finalmente fracasó. Resulta llamativo que quienes criticaron duramente las políticas de seguridad anteriores terminen aplicando medidas muy similares, lo que sugiere que la seguridad quizá no era el único eje de la disputa política, sino el vehículo mediante el cual se canalizó un descontento mucho más amplio con la clase dirigente.
Otro antecedente que considero relevante es el llamado «Honduras Gate». A comienzos de 2026 circularon filtraciones que, de confirmarse, vincularían a distintos actores políticos de la región en intentos de influir sobre gobiernos progresistas. A ello se suma el precedente de Cambridge Analytica, cuyo uso de datos personales para dirigir mensajes políticos demostró hasta qué punto el microtargeting puede influir en los procesos electorales.
A este escenario se suma otro elemento que merece atención. Diversos analistas han advertido sobre el creciente uso de empresas privadas de inteligencia y análisis de datos, algunas de origen israelí, que desarrollan software de vigilancia, perfilamiento y procesamiento masivo de información electoral. Aunque no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar una manipulación sistemática de procesos electorales en la región, la sola posibilidad de que estas tecnologías puedan influir en campañas, segmentar votantes o alterar la percepción pública plantea interrogantes que las democracias latinoamericanas no deberían ignorar.
Hoy las campañas ya no se libran únicamente en plazas públicas o debates televisivos. Se desarrollan en redes sociales mediante algoritmos capaces de identificar los temores, frustraciones y aspiraciones de millones de personas. La información dejó de dirigirse a la ciudadanía en general para adaptarse psicológicamente a cada individuo, convirtiendo la emoción, más que el debate, en el principal motor de la decisión política. Ese fenómeno debería preocuparnos, cualquiera sea nuestra posición ideológica.
También observo una utilización sistemática del miedo al comunismo, al crimen y al socialismo como eje de campaña. Al mismo tiempo, muchos de estos liderazgos coinciden en espacios internacionales como el CPAC, el Foro de Madrid o la Political Network for Values, donde comparten diagnósticos, estrategias y discursos, aunque ello no implique necesariamente una estructura de coordinación única. La circulación de ideas, financiamiento, asesorías y campañas digitales entre distintos países es hoy una realidad que trasciende las fronteras nacionales.
Escribo estas líneas porque me preocupa ver una región cada vez más polarizada, mientras las grandes decisiones económicas y estratégicas parecen alejarse del debate ciudadano. El orden y la seguridad son indispensables, pero otorgar un cheque en blanco a liderazgos que concentran poder puede tener costos institucionales difíciles de revertir. La historia demuestra que recuperar esas garantías suele tomar décadas. Del mismo modo, sería un error creer que toda crítica a estos gobiernos equivale a defender los errores de la izquierda. Ambas visiones deben ser sometidas al mismo nivel de exigencia democrática.
Ojalá Latinoamérica encuentre un camino que combine seguridad, democracia y soberanía, sin renunciar a ninguna de ellas. Porque cuando la política reduce nuestras opciones a escoger entre libertad o seguridad, entre orden o derechos, quizá la verdadera elección ya fue hecha por otros. La fortaleza de una democracia no consiste únicamente en derrotar al crimen o ganar elecciones, sino en preservar las instituciones que permiten a los ciudadanos seguir siendo libres una vez que el miedo haya pasado.
No pretendo ofrecer verdades absolutas, ni afirmar que todos los acontecimientos obedecen a un único diseño estratégico. Mi intención es invitar a observar con espíritu crítico las coincidencias, los intereses y las dinámicas que hoy atraviesan a nuestra región. La democracia no se debilita cuando se hacen preguntas incómodas; se debilita cuando dejamos de hacerlas.
