El juez federal Luis Armella, con antecedentes de polémica en Florencio Varela y la región, vuelve a estar en el centro de la escena judicial. Trasciende la versión de un acuerdo con el Gobierno nacional que derivó en la designación de Javier Mendoza, ex juez con estrecho vínculo con Armella desde hace más de dos décadas, como representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce.
Corre fuerte en los pasillos tribunalicios la versión de un acuerdo entre el juez federal de Quilmes Luis Armella y el gobierno de Javier Milei, que habría derivado en la designación de personas allegadas al magistrado en cargos estratégicos. Según reconstruyó el sitio LPO, el caso más resonante involucra al Hospital El Cruce de Florencio Varela, uno de los centros de salud de mayor complejidad del Conurbano.
Fuentes judiciales señalaron a ese medio que el reciente nombramiento en ese hospital tiene un estrecho vínculo con Armella, quien actualmente subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la causa que investiga al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde.
Concretamente, el señalamiento apunta a la resolución 698, firmada por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, que designó a los nuevos representantes de esa cartera en el Consejo de Administración del Hospital «El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner». Entre ellos fue nombrado por cuatro años Javier Gustavo Mendoza, un ex juez de Cámara al que en el ámbito judicial ubican como cercano a Armella desde fines de los años noventa, cuando ambos se desempeñaban como fiscales en Quilmes.
Mendoza fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes entre 1999 y fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo designó jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según recuerdan en Tribunales, a mediados de 2000, en pleno desarrollo de la causa por la muerte del cantante Rodrigo Bueno, Armella —entonces fiscal a cargo de la investigación— se tomó una licencia por estrés y fue reemplazado por Mendoza.
En 2011, la gestión de Scioli promovió a Mendoza como juez de Cámara en Mar del Plata, un ascenso que un informe del CELS de 2012 cuestionó por completar «el círculo de relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial», al señalar que Mendoza había tomado decisiones que debilitaron el control judicial de actos de gobierno antes de ser promovido en su carrera. Mendoza renunció a ese cargo con fines jubilatorios el 1° de diciembre de 2018, y en noviembre de 2025 fue uno de los firmantes de un comunicado de ex jueces que cuestionó una acordada de la Suprema Corte bonaerense por su impacto en la brecha entre haberes jubilatorios y salarios en actividad del Poder Judicial.
El Consejo de Administración del Hospital El Cruce está integrado por seis miembros: dos representantes del Ministerio de Salud nacional, dos de la cartera sanitaria bonaerense y dos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La presidencia corresponde al Ministerio de Salud nacional, que en la misma resolución que designó a Mendoza nombró también al doctor Luciano Nápoli, quien se desempeñaba en otros centros de salud de la zona.
La figura de Armella no es ajena a la polémica en Florencio Varela y la región. El magistrado había quedado mencionado, según publicó oportunamente Infosur, entre los jueces vinculados a la denominada mesa judicial durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia de Buenos Aires. A esto se suma el antecedente del caso conocido como «Gestapo antisindical»: la Justicia Federal declaró nulo y sobreseyó al dirigente sindical Juan Pablo «Pata» Medina en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión que Armella había impulsado inicialmente, tras comprobarse que el expediente se había originado mediante tareas de inteligencia ilegal y maniobras políticas. Esa resolución fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, y derivó en una denuncia contra Armella y otros funcionarios ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue su participación en el armado de la causa. A partir de la confirmación judicial de que la causa había sido montada, la familia de «Pata» Medina inició acciones para reclamar un resarcimiento económico al Estado por la privación ilegítima de la libertad y el daño moral sufrido.
