José Lemme pasa por estas horas por su peor momento político, sacudido por el escándalo de la AFA y los procesamientos por supuestas irregularidades de Fútbol para Todos, que dictó horas atrás la jueza federal María Romilida Servini de Cubría acusado de “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública.
En la causa que tomó relevancia pública por el procesamiento judicial de tres ex jefes de Gabinete de la gestión kirchnerista y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la implementación del programa Fútbol para Todos (FPT), también aparece el empresario varelense de Florencio Varela y presidente del club de Defensa y Justicia que acaba de concretar su mejor campaña en Primera División después del histórico ascenso.
A decir verdad, Lemme está involucrado en esta causa junto al presdiente de la AFA, Luis Segura, y los dirigentes de esa entidad Rafael Savino, Carlos Portell, Miguel Ángel Silva, Eduardo Espinosa y Rubén Raposo fueron procesados por el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública.
Sobre Segura recayó un embargo por 50 millones de pesos mientras que los demás dirigentes procesados deberán afrontar embargo por 20 millones de pesos cada uno.
La jueza federal María Romilida Servini les atribuyó a los ex ministros Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández haber incumplido los deberes de funcionarios público por no haber controlado el destino final de los fondos del programa que se implementó desde el 2009 y les trabó embargos por 10 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación judicial, los fondos destinados a los clubes a través del FPT se desviaron de tres formas distintas: por aportes a la fundación “El futbolista”, por descuento de cheques en financieras y por ser utilizados para garantizar préstamos otorgados por el Banco Credicoop a la AFA.
Para la magistrada, los tres ex jefes de gabinete no garantizaron que no fueran desviados los fondos del programa que tenía por objeto “coordinar y articular la transmisión y explotación comercial de la televisación de los torneos del fútbol argentino”, para que los clubes ordenaran sus economías.
Otro ex funcionario alcanzado por la decisión judicial fue el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, a quein Servini le atribuyó el delito de peculado -desvío de fondos públicos- y le trabó un embargo por 5 millones de pesos porque fue ccordinador del FPT.
«Mariotto por la función de coordinador del programa tenía a su cargo la custodia de los ingresos de la explotación comercial del programa, la cual surge expresamente en la decisión administrativa por la cual asume y se crea el comité, por lo que fue encomendada en razón de su cargo», consideró la jueza en su fallo de 343 páginas.
A otro ex coordinador del programa que vinculó al Estado con los clubes del fútbol argentino a través de la AFA, Pablo Paladino, la jueza le dictó uun procesamiento por «violación de deberes de funcionario público».
El presdiente de la AFA, Luis Segura, y los dirigentes de esa entidad Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Espinosa y Rubén Raposo fueron procesados por el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio de la adminstración pública.
Sobre segura recayó un embargo por 50 millones de pesos mientras que los demás dirigentes procesados deberán afrontar embargo por 20 millones de pesos cada uno.
Servini también declaró “extinguida” la acción penal contra el ex titular de la AFA Julio Grondona a causa de su fallecimiento en 2014, aunque aclaró que le hubiese correspondido un procesamiento como «autor» de varios delitos.
La magistrada dispuso también el sobreseimiento de otro ex secretarios Ejecutivos del FPT José Lucas Gaincerain y Mariano Delorenzi, quien se desempeña ahora como coordinador ejecutivo en la secretaría General de la Presidencia, a cardo de Fernando de Andreis.
Se espera que todos procesados apelen los fallos en su contra, algo que ya anunció hoy El ex jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, Capitanich, que se convirtió en el primero en responder públicamente luego de conocerse el fallo judicial.
La causa se originó en mayo de 2014 a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña en la que cuestionó el el presunto reparto discrecional de los fondos del FPT y la falta de control sobre el destino de los mismo.
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