La denuncia presentada ante la Justicia, que se constituyó en la fiscalía 9, sostiene que en el Pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela habría tres antenas Starlink y un sistema de cobros de entre $30.000 y $40.000 mensuales por interno. El escrito vincula una disputa por una de esas conexiones con una presunta golpiza y posteriores intentos de traslado.
Internet: el nuevo negocio dentro del pabellón
En el Pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela, el acceso a Internet aparece señalado en la denuncia judicial como uno de los principales negocios alrededor de los cuales se habría construido una economía interna.
El escrito presentado ante la Justicia local, y que instruye la fisdcalia 9 de Florencio Varela, sostiene que dentro del sector funcionan tres antenas Starlink, administradas por distintos grupos de internos.
La acusación afirma que el acceso a la conectividad no sería gratuito ni se limitaría al costo del servicio contratado, sino que existiría un sistema de cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno.
Según la denuncia, el dinero sería recaudado por integrantes de la denominada “Comitiva” o “Los Limpiezas y Mantenimiento”.
La acusación deberá ser investigada y corroborada. Pero el episodio abre una pregunta concreta: ¿quién controla las conexiones de Internet dentro del Pabellón 1 y quién cobra por ellas?
Tres antenas y una disputa por el control
La presentación judicial describe una situación particular.
Por un lado, dos antenas Starlink estarían bajo el control de internos vinculados, según la denuncia, con la estructura que administra el pabellón.
Por otro, otros dos internos habrían adquirido una tercera antena con el objetivo de brindar conectividad al resto de los detenidos cobrando solamente el costo proporcional del servicio.
Según el escrito, el conflicto comenzó cuando uno de los propietarios de esa tercera antena cuestionó públicamente los montos que cobraba la estructura dominante.
La denuncia sostiene que esa resistencia habría amenazado el supuesto monopolio sobre el servicio de Internet.
A partir de allí, el relato presentado ante la Justicia describe una escalada que habría terminado con la expulsión violenta del interno del sector.
De discutir una tarifa a terminar en el Pabellón 3
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es precisamente ese episodio.
Según el escrito, el interno que cuestionaba los valores cobrados habría sido víctima de una golpiza coordinada a golpes de puño.
La acusación sostiene que tuvo que ser retirado del lugar por el cordón de seguridad y que posteriormente quedó alojado en el Pabellón 3 de la Unidad 31.
El documento vincula además ese episodio con la situación del otro copropietario de la tercera antena.
Según la denuncia, contra este último se habrían realizado reiterados intentos para obtener su traslado compulsivo mediante los supuestos avales de traslado cuestionados en otra parte de la presentación.
Es decir, la hipótesis denunciada conecta dos capítulos de la investigación:
el control del negocio de Internet y los supuestos mecanismos utilizados para expulsar del pabellón a quienes se resistían.
Esa conexión deberá ser comprobada mediante partes penitenciarios, registros de traslados y documentación judicial.
¿Cuánto cuesta realmente Internet?
La denuncia habla de cuotas de $30.000 a $40.000 por interno.
Pero ese dato abre otra pregunta que todavía no tiene respuesta documental:
¿cuánto cuesta realmente el servicio Starlink utilizado en el pabellón?
La diferencia entre el costo del abono y lo que supuestamente se cobraba a cada detenido permitiría determinar si existía una verdadera actividad de intermediación, un sistema de reparto de gastos o, como sostiene la denuncia, un mecanismo de recaudación.
Para determinarlo será necesario conocer:
- quiénes contrataron las antenas;
- a nombre de quién están los servicios;
- quién paga los abonos;
- quién administra los equipos;
- cuántos usuarios tienen;
- cuánto se recauda;
- y dónde termina ese dinero.
Por ahora, esos puntos forman parte de las preguntas abiertas de la investigación.
Una tercera antena que cambió el equilibrio
La particularidad del caso está en que, según la denuncia, no todos los internos habrían aceptado el sistema de cobros.
La tercera antena habría representado una alternativa.
La presentación sostiene que sus propietarios pretendían distribuir el acceso cobrando solamente el costo proporcional del abono.
Según la hipótesis denunciada, eso habría significado una amenaza directa al negocio de quienes controlaban las otras conexiones.
La denuncia describe entonces una lógica de monopolio:
quien controla la conectividad controla también una fuente de ingresos.
Y quien intenta ofrecer una alternativa queda expuesto a represalias.
Esta última afirmación, sin embargo, es parte de la hipótesis presentada ante la Justicia y deberá ser corroborada.
El vínculo con los supuestos avales de traslado
El episodio adquiere una dimensión mayor porque uno de los denunciantes vincula la disputa por Internet con otra de las acusaciones contenidas en el expediente.
Según la presentación, el copropietario de la tercera antena habría sido objeto de intentos de traslado mediante documentación presuntamente falsa confeccionada desde la Oficina de Ayudantía.
La denuncia sostiene que un interno habría tenido acceso a computadoras y documentación oficial y que desde allí se habrían confeccionado supuestos avales para provocar el traslado de personas que generaban conflictos con “La Comitiva”.
Esta conexión todavía no está comprobada.
Pero representa una de las líneas documentales más importantes: determinar si efectivamente existieron pedidos de traslado del interno, quién los solicitó, qué motivos se invocaron y qué documentación llegó al juzgado correspondiente.
Un negocio que también plantea una pregunta institucional
La cuestión de Starlink no se reduce al dinero.
También plantea un interrogante sobre el funcionamiento del establecimiento penitenciario.
Si existen tres antenas dentro de un pabellón, hay que determinar:
¿quién autorizó su instalación?
También:
- ¿pueden los internos contratar el servicio?
- ¿pueden administrar redes privadas dentro de una unidad penitenciaria?
- ¿qué controles existen sobre los equipos?
- ¿quién verifica quién accede a Internet?
- ¿qué procedimiento se aplica para ingresar las antenas?
- ¿se registraron los dispositivos?
- ¿el personal penitenciario conocía su existencia?
Son preguntas que pueden responderse con documentación administrativa.
La pista que puede comprobar el dinero
La denuncia sostiene que el control de Internet formaría parte de una estructura más amplia de recaudación.
Si efectivamente se cobraban entre $30.000 y $40.000 mensuales por interno, el volumen económico debería dejar algún tipo de huella.
Por eso, una de las próximas líneas de la investigación será reconstruir cómo se realizaban los pagos.
La denuncia menciona cuentas virtuales, familiares y otras formas de intermediación financiera.
Pero para afirmar que esos movimientos corresponden al negocio de Internet será necesario acceder a documentación bancaria o judicial que permita establecer el vínculo.
Lo que sabemos y lo que falta comprobar
Hasta ahora, la información permite establecer que una denuncia judicial efectivamente plantea la existencia de un sistema de cobros por Internet dentro del Pabellón 1 y menciona tres antenas Starlink.
También existe una descripción concreta de una disputa entre internos relacionada con una tercera antena y una presunta agresión.
Lo que todavía no podemos afirmar como hecho probado es:
- quién administra cada antena;
- quién cobra las cuotas;
- cuántas personas pagan;
- cuánto dinero se recauda;
- si existió efectivamente una golpiza por la disputa;
- si hubo represalias;
- y si los supuestos intentos de traslado estuvieron vinculados con ese conflicto.
Son precisamente esos puntos los que deberá determinar la investigación judicial.
La pregunta que queda abierta
La denuncia describe un escenario en el que el acceso a Internet habría dejado de ser simplemente un servicio para convertirse en una herramienta de control y recaudación dentro del pabellón.
La existencia de las antenas, sus propietarios, los contratos de servicio, los pagos y los eventuales registros penitenciarios pueden aportar respuestas.
Y hay una pregunta que puede marcar el próximo capítulo:
¿Quién controla las antenas y dónde termina el dinero que, según la denuncia, pagan los internos por conectarse a Internet?
La respuesta podría permitir determinar si se trataba simplemente de una forma informal de compartir un servicio o si, como sostiene la presentación judicial, detrás de Starlink funcionaba uno de los mecanismos de recaudación de la estructura denunciada.
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