La fiscalía del juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de la localidad platense de City Bell solicitó “prisión perpetua para todos los acusados, por el homicidio de una pareja, el secuestro y privación ilegítima de la libertad de una niña de 12 años y la retención y abandono de otros dos menores durante un operativo en la última dictadura militar”.
Se trata del ex subjefe del batallón, Carlos Alberto Bazán (78); los ex oficiales de Inteligencia Francisco Ángel Fleba (67), de Operaciones Eduardo Arturo Laciar (76), el ex jefe de la Compañía B, Daniel Leonardo Lucero (67) y el ex jefe de la tercera Sección de la Compañía B, Eduardo Enrique Barreiro (60).
Todos son juzgados por los asesinatos de los militantes montoneros María Nicasia Rodríguez y Arturo Alejandrino Jaimez, alias «Silver»; la privación ilegal de la libertad de la hija mayor de la primera, entonces de 12 años y la retención y ocultamiento de los dos más chicos, de 10 y 1 año y medio.
Para la fiscalía son delitos de “un genocidio y de lesa humanidad”
El fiscal Juan Martin Nogueira explicó a Télam que en el alegato «la fiscalía pidió la prisión perpetua para todos por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas; por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Marcela Quiroga, cuando tenía 12 años, y por la retención y ocultamiento de otros dos menores de 10 años y 1 año y medio».
Y que se califiquen los hechos ocurridos como un genocidio y delito de lesa humanidad, confirmó el fiscal, cuyo alegato se extendió durante casi cinco horas.
«Se pidieron también medidas reparatorias, como que se inste al municipio de Berazategui para que señalice la casa donde habitaba María Nicasia Rodríguez» y que «se repare el legajo de la otra víctima de homicidio, Arturo Jaimez alias «Silver», y se deje sentado en su legajo como estudiante de Matemáticas de la Universidad de Córdoba el verdadero motivo de que haya abandonado sus estudios».
Los hechos
El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 1977, cuando la Tercera Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell encabezó con otras unidades militares y policiales «un control e identificación de población» casa por casa.
