La disputa entre dos vecinos por un terreno llegó a juicio oral en víspera a cargo del juez correccional, Edgardo Salatino. Los hechos se dieron en 2016 en la localidad de Berazategui, ayer se realizaron los alegatos de las partes donde la fiscalía requirió una pena de 1 año y 6 meses de prision en suspenso para el encartado y la defensa particular la libre absolución.
El conflicto que derivó en litigio a cargo del Juzgado Correccional N° 1 se dio el 15 de agosto de hace casi 4 años en el distrito vecino cuando alrededor de las 10 de la mañana, tal consta en la causa, el vecino Marcelo Pajor levantó una medianera sobre el predio sito en la calle 5 que sería de su vecino, Alberto Soressi. Los hechos se agravaron aún más siete días más tarde cuando una decena de personas ocuparon esas tierras.
La situación derivó en que el camionero Soressi, que utilizaba el predio como estacionamiento de unidades, oficializará la denuncia en sede policial y posteriormente judicializar el conflicto que en la víspera se ventiló en la sede quilmeña. «Queda totalmente comprobado que Pajor usurpó y en base a la confianza con su vecino lo despojó de parte de las tierras, es más levantó una pared quedando del lado de Pajor un camión que era de Soressi, mas claro que eso imposible, el imputado se aprovechó de la relación de confianza para usurpar una porción del terreno que no le correspondía», dijo al momento de los alegatos la fiscal Nilda Fernández Philbert que luego no dudó en requerir una condena de un año y medio de prisión en suspenso.
Posteriormente el particular damnificado adhirió a los pedidos de la encargada de la acusación; acto seguido el juez Salatino dio la palabra al defensor particular, Agustín Lobo, que no solo remarcó la inocencia de Pajor sino que además puntualizó que «actuó de buena fe», «nunca quiso quedarse con algo que no era de él». «No hay certeza para arribar a un pronunciamiento de condena; ante la duda insisto en la absolución».
Réplica
Al momento de la réplica la doctora Fernández Philbert remarcó que la usurpación está acreditada además por la orden de desalojo llevada a cabo por orden del juez de garantías, Gustavo Mora, que data del 15 de noviembre de 2016 donde avala «que nos encontramos ante un claro hecho de despojo de una persona de algo que no le pertenecía». La semana próxima el juez Salatino dará a conocer la resolución a la que se ha arribado.
