El Consejo Escolar de Florencio Varela está en el ojo del escándalo. Otra vez. Empleados históricos afirman en voz baja que el sistema de «pagar por más chicos de los que realmente van a las escuelas» es una práctica habitual. Y, dicen que detrás, hay un pacto de silencio entre autoridades, proveedores, directivos y algunos gremios.
Ese silencio se rompió gracias a Karina M., auxiliar de la Escuela 501, que en julio de 2024 decidió hacer lo impensado: denunciar penalmente este fraude con fondos públicos. Su denuncia, según investiga la Justicia, detallaba que se facturaban alimentos para 320 alumnos, cuando en realidad asistían sólo 100.
Según pudo saber Infosur, la denuncia fue radicada el 12 de julio de 2024 en la UFI 2 de Florencio Varela. Pero la entonces titular de esa fiscalía, Mariana Dongiovanni, la archivó sin investigar. Tiempo después, la causa fue reabierta gracias a la insistencia de Karina M., y cayó en manos del nuevo fiscal Federico Págliuca, quien pidió informes oficiales al Consejo Escolar. Y todo indica que nunca respondieron a la requisitoria por lo que ordenó el allanamiento en busca de documentación que podría poner contra la pared a un dudoso entramado. Ya se verá.
Lo cierto es que el escándalo quedó al descubierto: lo que se dice es que el Estado provincial paga tres veces más comida de la que realmente se entrega. ¿Quién se queda con esa diferencia? ¿Y por qué se intenta silenciar a quienes lo denuncian?
AMENAZAS Y SILENCIO
Antes de ir a la Justicia, Karina señala que habló con sus superiores. Le dijeron: «No te metas, es un arreglo con el proveedor». Incluso fue trasladada de su puesto en la cocina.
Después acudió al Jefe Distrital de Educación, cuya oficina está en el mismo edificio de la Escuela 501. ¿Su respuesta? «No me puedo meter».
Más tarde fue a un consejero escolar quien directamente la amenazó.
A pesar de todo, Karina no se calló. Pero las represalias se intensificaron: según la denunciante los delegados de ATE fueron a la escuela a hostigarla y amenazarla. Y lo peor vino después: una mañana, fue atacada con un cuchillo por un hombre encapuchado que le cortó los antebrazos mientras le decía: «Dejate de joder con la denuncia de la 501». Un vecino evitó que fuera aún más grave. Esa denuncia está radicada en la fiscalía 11, pero aparentemente permanece encajonada.
EL NEGOCIO MILLONARIO DETRÁS DEL FRAUDE
La empresa proveedora en este caso es Supercam, aunque también aparece la firma Ture S.A, cuyo dueño es Francisco “Chicho” Basile.
Los remitos muestran que para 100 alumnos se entregaban, por ejemplo, 1 kg de azúcar y 3 pollos. Pero el Karina insiste en que Estado pagaba como si fueran 320 chicos.
En 2024, Florencio Varela recibió $198 millones de fondos provinciales para educación (Fondo Educativo y Fondo Compensador), pero las escuelas siguen con techos que se llueven y sin calefacción.
El Consejo Escolar no publica datos, no permite auditorías y niega el acceso a la información sobre obras, empresas contratadas ni precios. Es más, a Infosur ni le enviaron el comunicado de prensa que pareciera oscurecer más que aclarar.
LOS NOMBRES DETRÁS DEL CONSEJO ESCOLAR
Las decisiones las toman:
- Claudia Allerbon (Presidenta)
- Raquel Ferreyra (Vicepresidenta)
- Diego Arroyo (Secretario)
- Gustavo Braña (Tesorero)
- Claudia Del Bianco (Protesorera)
Detrás de ellos, aparecen nombres del sindicalismo local, como Darío Olmedo, secretario general de ATE Varela, y figuras históricas como Hugo Pereyra, cuyos laderos manejan áreas clave.
Uno de ellos es Raúl Marzano, protesorero del Consejo Escolar y responsable del SAE (Servicio Alimentario Escolar), acusado por consejeros preocupados de ser «un títere de Olmedo».
COMPARACIONES QUE INDIGNAN
En Quilmes, los estudiantes del Plan MESA reciben kits alimentarios completos: arroz, leche, fideos, huevos, aceite, etc. En Varela, los bolsones son más chicos y de peor calidad.
Incluso en la merienda escolar, la diferencia es escandalosa: en Quilmes, empanadas, frutas y bebidas. En Varela, porciones escasas y, a veces, en mal estado.