Una condena de prisión perpetua recayó sobre los dos expolicías acusados por el crimen de subcomisario Jorge Omar Gutiérrez a bordo de una formación del Ferrocarril Roca. Fue asesinado de un balazo en la nuca en 1994 cuando iba en un tren que se dirigía a la capital de la provincia de Buenos Aires.
El excabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro “Chiquito” Santillán fue considerado como el autor material del hecho y el exefectivo de la bonaerense Francisco Severo Mostajo (por mayoría), como partícipe necesario de «homicidio agravado por alevosía».
Tras la lectura de veredicto quedaron detenidos, habían llegado al jucio en libertad.La lectura del veredicto se realizó en la sede del fuero Penal de La Plata.
El tribunal (“ad hoc”) designado para este caso estuvo integrado por las camaristas Miriam Ermilli, Laura Lasaga y el camarista Juan Benavides. Los tres coincidieron que Santillán fue quien accionó el arma y mató a Gutiérrez. En cambio, respecto de Mostajo, la jueza Ermilli entendió que se debe aplicar el beneficio de la duda, pero su postura fue minoritaria ante los otros dos magistrados que lo consideraron partícipe primario.
Por este caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en 1996 y que luego fue anulado, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso. Ese debate estuvo a cargo de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
El hecho ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca. Según un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».
Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.’Chiquito’ Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996.
En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.
«En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación», precisó el comunicado del CELS.
La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.En sus alegatos el fiscal Martín Chiorazzi y las abogadas que representan a la familia del subcomisario Gutiérrez, pidieron prisión perpetua y la detención inmediata para los dos hombres acusados por el crimen. Ambos imputados hicieron uso de su derecho a decir unas últimas palabras, y los dos coincidieron en declararse «inocentes» del crimen.
El fiscal Chiorazzi requirió la pena de reclusión perpetua para Mostajo y Santillán, y que, en caso de un veredicto condenatorio, se disponga su detención inmediata. La abogada Carla Ocampo Pilla pidió prisión perpetua para ambos al estar convencida que son los autores materiales del asesinato».
