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Cómo es la recaudación ilegal de la Maldita Policía

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Es casi un calco físico de “Maravilla” Martínez, el boxeador. A tal punto que se lo hicieron notar siempre. Està acusado de formar parte del ejército de policías que Rodolfo Walsh definió como la “secta del gatillo alegre y la logia de los dedos en la lata”. Se trata de uno de los efectivos imputados en la trama oscura de la ruta de dinero negro en torno a la policía del sur del conurbano bonaerense, con acento especial en Lomas de Zamora, Lanús – Avellaneda y Quilmes.

Según fuentes de la investigación, que lleva adelante el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, los implicados en la banda mixta entre policías y civiles están acusados de exigirles dinero a comerciantes para no realizar inspecciones, a delincuentes para “dejarlos trabajar” y a puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico a cambio de no secuestrarles la mercadería. En total detuvieron a 11 efectivos policiales. Uno de ellos un varelense, que supo ser secretario de un importante jefe policial.

Scalera destacó que durante la investigación se lograron constatar “hechos determinados” de la forma en que actuaban los acusados para obtener dinero, como amenazas y agresiones físicas contra sus víctimas.

La primera punta del ovillo la tuvieron en el 2015, pero no pudieron avanzar. Sin embargo, a mediados del 2017 una nueva denuncia comenzó a mover los andariveles de una investigación que promete desatar un verdadero escándalo en la policía bonaerense. A tal punto, que en las últimas horas fue desplazado de su cargo el jefe de la direcciones de investigaciones provinciales, pues aparece involucrado en las escuchas telefónicas de los ahora imputados.

La red de recaudación tenía una lista de comerciantes a los que visitaba regularmente para cobrarles una “cuota” y esto sucedía en forma semanal o mensual, dependiendo del “arreglo” que se hubiese hecho previamente.

La organización criminal estaba integrada por personal policial de diversas jerarquías, desde comisarios a cargo de Direcciones Departamentales hasta suboficiales y por civiles que, según se desprendió de la pesquisa, actuaban como si fuesen miembros de la fuerza.

A partir de un trabajo en conjunto de la Policía Bonaerense, Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia, se logró desarticular esta asociación ilícita que recaudaba dinero de forma ilegal e ilegítima a través de la extorsión y operaba en distintas localidades del Conurbano.

Se realizaron en total 22 allanamientos en domicilios de las localidades de Lomas de Zamora, Bosques, Isidro Casanova, San Vicente, Villa Centenario, Merlo, Olivos, Florencio Varela, San Francisco Solano, Burzaco, La Tablada, Claypole, Ringuelet, González Catán y Banfield.

Además, se concretaron otros tres allanamientos donde se secuestraron celulares, equipos de computación y documentación de importancia para la causa, informaron fuentes judiciales.

Tras una amplia investigación, que tuvo su epicentro en la intervención de líneas telefónicas, se constató la actividad ilícita por parte de efectivos de las DDI de Lomas de Zamora y de Avellaneda-Lanús, de la Jefatura Departamental San Vicente y de la Comisaría de Presidente Perón (Guernica), dependencias policiales que fueron requisadas en el marco de la causa.

La red era tan generosa, que por ejemplo, un policía que había sido trasladado desde la décima de Lomas de Zamora, a la tercera de Esteban Eheverría, todavía seguía cobrando los honorarios.

Una ruta oscura que se paga con el dinero de todos
El voluminos expediente judicial que lleva adelante el fiscal Scalera, al que Infosur pudo tener acceso, da cuenta de una situación irregular que se manejaba con regularidad. Es decir, se convierte en rutinario un procedimiento irregular. Con ello, los efectivos policiales que suelen estar a cargo del recorrido de las “cobranzas” lo hacen en horario de trabajo. Es más, los procedimientos que se realizan contra quienes no “pagan” el “canon” correspondiente se realiza, según la investigación, dentro de la formalidad. Así lo sostiene el fiscal en la elevación al juez que lo tuvo en cuenta al ordenar los allanamientos y las detenciones.

Pasaron a retiro a un jefe de la policía
La investigación sobre la supuesta banda de jefes policiales del Sur del Gran Buenos Aires que terminó con la detención de responsables de las DDI de Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes, derivó en un relevo en lo más alto de la cúpula de la Policía Bonaerense.
El ministerio de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que separaron de su puesto al superintendente de Investigaciones en Función Judicial, comisario General Adrián Manzi, que tenía bajo su órbita a los policías que están presos desde hace 10 días.
Manzi ocupaba uno de los peldaños superiores en la conducción de la Fuerza. Ahora, la Auditoría de Asuntos Internos de la Bonaerense lo incorporó a un sumario a oficial superior porque quieren determinar cuál es su “responsabilidad objetiva” en la banda que se dedicaba a extorsionar comerciantes en distintos puntos del Conurbano, entre los que estaba la feria La Salada de Lomas de Zamora.

De allanado a jefe departamental de Quilmes
El viernes primero de junio cuando se conoció las detenciones de los efectivos policiales, que el mismo Ministerio de Seguridad difundió, fueron allanadas varias dependencias policiales. Entre ellos, el edificio de la jefatura departamental de Lanus, cuyo segundo jefe, al momento del procedimiento era el Comisario Inspector Carlos Abraham Domínguez. Una semana después, ese uniformado, se sentaba en la silla de la jefatura departamental de Quilmes. Què hizo que le valiera un ascenso en sólo una semana.

El varelense que quedó detenido
Al comisario inspector que vive en Bosques vamos a llamarlo por ahora M.M. Fue secretario de un importante “General” de la zona. Ese mote recibe quien es el jefe de la superintendencia de la zona sur del conurbano. Está acusado de ser uno de los “cabecillas” de la banda.

Un caso de abuso
En la presentación de los pedidos de allanamientos, que se realizó ante el Juzgado de Garantías Nº 4 se señala a un total de 22 personas involucradas con el delito de asociación ilícita. A la vez, uno de los policías arrestados es investigado por un caso de presunto abuso sexual a un menor. Por esta situación también se investiga a una mujer, pareja del oficial.
Esta derivación apuró los allanamientos de la causa madre que pone la lupa en la organización de los policías, según se indicó.

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