La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada como miembro de una asociación ilícita que cometió el delito de administración fraudulenta agravada, y fue embargada por 10.000 millones de pesos junto a su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez.
La decisión del juez federal Julián Ercolini recayó sobre 12 indagados en la causa que investiga el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas como «Austral Construcciones», del detenido Báez, durante el kirchnerismo.
Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos ademas de toma de huellas dactilares.
En el fallo de 794 carillas, el juez procesó a Cristina, De Vido, los detenidos López y Báez, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, con un embargo de 10.000 millones de pesos para cada uno y por delitos de corrupción, asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, por cometerse en perjuicio de la administración pública.
La asociación ilícita prevé una pena de hasta diez años de prisión.
Ercolini sostuvo que todos los procesados tuvieron un rol determinado en la ejecución de «planes delictivos» en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz.
«Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados», remarcó el fallo.
Todos los funcionarios públicos procesados «conocían el pacto que los unía», agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.
Esta es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
La decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de enero.
López está preso por orden del juez federal Daniel Rafecas y procesado por enriquecimiento ilícito tras haber sido sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un monasterio en General Rodríguez.
Y Lázaro Báez tiene prisión preventiva en una causa por lavado de activos a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
