«Queremos trabajar, somos feriantes; no nos permiten ni siquiera entrar al predio desoyendo fallo de la Justicia» denunciaron un grupo de vendedores del Paseo San Juan Bautista

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Casi un centenar de trabajadores de la Feria de Senzabello reclaman que les permitan trabajar en el predio al que no pueden ingresar desde hace meses. Según informaron hay una medida del Juzgado Civil N° 7 de Quilmes que los habilita que data de diciembre del año pasado pero los administradores «no acatan lo dispuesto». Asimismo remarcaron en diálogo con este medio que han sido amenazados, intimidados y agredidos.

 

Claudia Lupi, Ramona Gómez, Ilce Navarro y Rubén Hillmann son algunos de los puesteros que desde hace meses se encuentran impedidos de trabajar en el complejo sito en Florencio Varela. «No nos permiten entrar, no queremos confrontar con nadie, solo trabajar como lo hacemos hace años, nuestra intención es abonar lo que corresponde, pero a una administración que esté legitimada, no a estas personas; que nos cobran lo que ellos quieren a su antojo». El Paseo de Compras está siendo administrado por Marcelo Pérez: «este señor dice que no queremos pagar luz, ni canon y eso no es asi, en primer lugar él no acata las decisiones de la Justicia, que el 23 de diciembre indicó que nos permitiera trabajar, ni siquiera dejo que entráramos, él se maneja en forma autoritaria, con amenazas, golpes», explicaron los denunciantes que forman parte de un grupo de 91 puesteros.

 

 

Más adelante agregaron que «cuestionan al juez que interviene en la causa (doctor Fernando Sarries, titular del Juzgado Civil N° 7) y mencionan a nuestros abogados cuando el señor Pérez ha tenido problemas con la Justicia en procesos por desarmaderos, ni siquiera acata lo que indican los fallos; este señor que lo conocen con el alías de «Cabeza» intimida y amenaza. Cree que puede hacer lo que quiere y no es así,  tienen numerosas irregularidades como administradores. La finalidad de exponernos o decir que queremos tomar el predio para enfrentarnos a los otros puesteros cuando en realidad somos simples laburantes; ellos operan por medio del maltrato, la coerción, acá son administradores que se han arrogado ese lugar en forma irregular, ponen montos de dinero a antojo de ellos. A mi en lo personal me han golpeado y lesionado», explicó Ramona, una de las mujeres agredidas.

 

 

Los puesteros explicaron los motivos por los que llegaron a instancias judiciales, son patrocinados por los abogados particulares Gustavo Julio y Alejandro Parody: «las personas que manejan el predio son Faldetta (padre e hijo) y el señor Marcelo Pérez. El dinero producto de los ingresos no lo invierten en el complejo, no existen las inversiones; aún en pandemia cuando el predio estuvo cerrado cobraron canon a todos los puestos, hubo gente a la que les reclaman deuda de los meses de aislamiento, cuando estuvo cerrada la feria. Ellos están negados a dialogar, la base de esto radica en que Marcelo Pérez pide legalidad o exigencias cuando él esta relacionado con todo lo que es ilegal; agrede a letrados o al juez y él es ilegal, son autoritarios y a algunos de nosotros nos han pegado por querer hacer las cosas dentro del marco de la Justicia».

 

Situación judicial

 

Existe una medida judicial del 23 de diciembre de 2020 que señala que les debía permitir a los 91 puesteros el ingreso al complejo para poder trabajar. Sin embargo al apersonarse en el lugar los letrados junto a las fuerzas de seguridad, no permitieron el acceso, sin acatar el pronunciamiento del Juzgado Civil N° 7 a cargo del doctor Sarries. Por tal motivo la Justicia fijo una multa diaria que sigue incrementándose con el paso de los días.

Asimismo vale remarcar que tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificaron lo actuado por la Justicia de Quilmes en sendas apelaciones realizadas por los letrados de los administradores; es decir órganos de alzada avalaron lo llevado adelante por la justicia de primera instancia.

 

«No pagan ni siquiera a los titulares de las tierras por lo que existe otro proceso judicial por desalojo de años atrás que aún está pendiente y que en algún momento esto derivará en una medida judicial; fallo que deberán acatar y ponerse a derecho; los fallos de la Justicia regulan las actividades, nadie puede ignorarlos y hacer lo que les parece», explicaron los abogados Julio y Parody.

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