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Mussi en problemas

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La Justicia ratificó sentencia millonaria

contra la Municipalidad de Berazategui

La Cámara de Apelaciones en La Plata falló en contra de la Municipalidad de Berazategui, que había sido denunciada por un grupo de choferes, junto con el gremio  Unión Obreros y Empleados Municipales de Berazategui (UOEMB) por mal liquidación de haberes durante diez años.

Por esta denuncia, el municipio había apelado el fallo en primera instancia, lo que complicó más el asunto porque con la decisión final deberá abonar los intereses con una tasa mayor que la que se había determinado anteriormente. Desde el gremio UOEMB celebraron el fallo pero advirtieron que algunos trabajadores que denunciaron “fallecieron esperando que les paguen lo adeudado”.

En La Plata, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso de apelación efectuada por la Municipalidad de Berazategui y confirmó la sentencia de primera instancia a favor de los trabajadores. A su vez, declaró: “La nulidad del Decreto Municipal N° 1019/15” y condenó al municipio a “abonar a los demandantes en el plazo de 60 días de quedar firme la liquidación a practicarse en autos”, junto con el pago de honorarios, costas e intereses.

Se trata de la Causa nº 25.121-P caratulada ‘Baez Hugo Daniel y otros c/ Municipalidad de Berazategui s/pretensión anulatoria – empl. Público’ patrocinada por el Dr. Enrique Espínola Vera cuya sentencia confirmatoria lleva la firma de los Jueces: Claudia Angélica Matilde Milanta; Gustavo Juan De Santis; Gustavo Daniel Spacarotel; y la secretaria de Cámara, Mónica Marta Dragonetti.

Pese al reclamo por vía administrativa efectuada por Daniel Báez y demás choferes, “el Departamento Ejecutivo municipal opto sistemáticamente a empujar a los trabajadores a litigar en la Justicia cada derecho afectado o vulnerados. En ese proceso de evasivas, dilaciones, y apelaciones interpuestas por la intendencia municipal, muchos trabajadores desistieron del reclamo, o fallecieron en el transcurso del juicio esperando que se les pague lo adeudado. En este caso en particular, 2 de los 13 empleados municipales que recurrieron a la Justicia fallecieron sin poder materializar la sentencia”, señaló Báez actual secretario General de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Berazategui (UOEMB).

“En el proceso judicial quedó acreditado que los 13 choferes de ambulancia que reclamaron en  la Justicia prestaron servicio durante el período de diez (10) años bajo un régimen de 48 horas semanales, cumplidas en dos jornadas de 24 horas cada una, y la comuna solo les pago por 40 horas semanales”, explicó Báez al tiempo que afirmó: “Por ese motivo, la Justicia ordenó a la Municipalidad a que abone a los trabajadores las sumas correspondientes en concepto de diferencias salariales, presentismo, antigüedad, y sueldo anual complementario, según la pericia contable practicada, correspondiente a cada uno de los empelados con más los intereses calculados”.

Ratificaron el fallo y la comuna deberá pagar

Asimismo, la Cámara no solo ratificó la sentencia anterior, sino que además “mejoró el cálculo de intereses para los trabajadores, pasando de la tasa pasiva más baja, a la más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días. Es decir, deberán abonar los intereses por una tasa mayor a la regulada en primera instancia”, afirmaron desde el gremio adherido a la FeSiMuBo que tiene por líder a Rubén ‘Cholo’ García.

El secretario General de la UOEMB detalló que “como esta causa, existen más de una docena que tramitan en la Justicia por irregularidades similares, incluso con sentencia, que la comuna sigue sin resolver y tiene como práctica manifiesta la de apelar para no tener que abonar de inmediato los costos de las malas administraciones y fraudes a los trabajadores. Estas prácticas dilatativas afectan directamente al personal municipal que ve menoscabados sus salarios por malas liquidaciones. Pero también genera un grave deterioro al erario público que se traduce en limitación, suspensión, o eliminación de servicios públicos que el municipio deja de brindar a los ciudadanos para poder afrontar juicios innecesarios”.

 

 

 

 

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