La Suprema Corte de Justicia de la Provincia anuló las ordenanzas que se habían aprobado en los municipios de General Alvarado (Miramar), Quilmes y Magdalena. Pero en pocos días se sumaron otros dos casos: Florencio Varela y Las Flores. La medida llega tras las quejas de la industria del sector, que denunciaban los «perjuicios» que acarreaban esas normas.
«Hay más de 60 mil personas que viven gracias a la pirotecnia. En los municipios donde está prohibida su venta, la gente igual compra este tipo de productos y en muchos casos en lugares clandestinos», expresaron desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, que además pidieron regular y sancionar la venta ilegar en territorio bonaerense.
La ordenanza, que finalmente fue derogada en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, prohibía la venta de pirotecnia al considerar que esos explosivos «afectan negativamente a las personas y a los animales domésticos que son muy vulnerables a los fuertes ruidos y estruendos, esto sin considerar la peligrosidad de su uso indebido».
Sin embargo, la pirotecnia en Florencio Varela resultó trágica en el 2004 cuando explotó un galpón clandestino que provocó la muerte de 5 personas y una veintena de heridos.
