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La Policía Judicial sigue siendo una utopía en la Provincia por demora de Conte Grand

A más de 4 años de la promulgación  de la Ley 14.424 (08/01/13) que establece la creación del Cuerpo de Investigadores Judiciales, dependiente  funcional y jerárquicamente  del Procurador de la Suprema Corte de Justicia,  sigue virtualmente paralizado desde octubre de 2016.

Este órgano judicial, que estará compuesto por expertos forenses, en  el área de investigaciones, Técnico Científico y  Formación – Capacitación,  tendrán competencia en la investigación del crimen organizado, homicidios dolosos y delitos cometidos por funcionarios públicos en ocasión o ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, este organismo no será una fuerza armada, sino una estructura altamente especializada en la investigación criminal, que auxiliaran a los fiscales en la recolección de pruebas que permitan incriminar o desincriminar a sospechosos de ilícitos penales.

Resulta evidente  la  necesidad de la puesta en marcha de este organismo, atendiendo a los  hechos de pública resonancia, como son la investigaciones de funcionarios públicos, en donde el ministerio publico fiscal, se ve en la necesidad de convocar otras fuerzas de seguridad en su apoyo, sin que estos puedan contar con auxiliares de la justicia  totalmente independientes y calificados.

A pesar de haberse concursado los cargos directivos, durante 2015 y 2016 y finalizado el proceso de selección de los mismos tras producirse una entrevista pública en la Legislatura provincial en  el mes de octubre  del año pasado, continúa pendiente la elevación por parte del Procurador General Julio Conte Grand.

“Falta  el expediente que permita el nombramiento por parte  de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de los ganadores del concurso”, especificó el abogado Sergio Legorburu.Asimismo, el letrado mencionó que “debido al resultado adverso de la evaluación por  parte del jurado, varios postulantes iniciaron una acción de amparo  que terminó siendo rechazada  por el juzgado Civil y Comercial nro. 10 del Departamento Judicial La Plata.

Por otro lado, Legorburu puntualizó en la paradoja que hay con la policía judicial ya que “la ley que da origen al  Cuerpo de Investigadores Judiciales, otorga un plazo que no podrá exceder de 6 meses desde su sanción,  para dar pie al funcionamiento de este organismo, pero sin embargo ya pasaron cuatro años”.

“Pareciera que el Jefe de los Fiscales demorará  su implementación prometida  a los fiscales de Cámara, para mediados de este año; porque desea realizar cambios a la ley de la Policía Judicial y además porque los presupuestos para la creación de las dos primeras subsecretarias descentralizadas en la ciudades de Mar del Plata y Junín se encuentran sin ejecutar”, agregó

Y ejemplificó que “en la página institucional  de la Procuración General, la selección de los restantes concursantes de los cargos directivos se encuentra virtualmente paralizado desde  el mes de diciembre del año pasado”.

Cabe mencionar que Sergio Legorburu, que resultó adjudicatario de uno de los cargos, realizó un amparo contra el Poder Judicial por mora y obtuvo el visto bueno por parte del juez Luis Arias, quien ordenó a “la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a que el plazo perentorio de veinte  días, eleve el expediente administrativo”.

“Atento a la importancia de que se le asignara a este Cuerpo de Investigadores Judiciales es imprescindible su puesta en funcionamiento sin dilaciones con el fin de lograr una justicia más efectiva y eficiente, asegurando a la sociedad que los hechos  delictivos de mayor trascendía sean investigados por expertos sin ningún tipo de injerencia política,  más que las de los propios fiscales que son los verdaderos directores de la investigación”, sentenció Legorburu.

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