Chile rumbo a Argentina: el ajuste contra la gente

El experimento económico de Javier Milei muestra cifras que ordenan la macroeconomía, pero tensionan la vida cotidiana. En Chile, propuestas similares abren una pregunta incómoda: quién paga realmente el costo del “orden”.

Capitán Cianuro

Hay momentos en que la política deja de ser un debate abstracto y se vuelve completamente material. No se trata de ideas, ni de relatos, ni de promesas. Se trata de cuánto cuesta llenar el carrito, de si el sueldo alcanza hasta fin de mes, de si trabajar sigue siendo garantía de algo. Hoy, ese momento se está viviendo con crudeza en la Argentina de Javier Milei, donde el llamado “shock” económico dejó de ser un concepto técnico para convertirse en experiencia cotidiana.

El punto de partida es claro. A fines de 2023 y comienzos de 2024, el gobierno argentino aplicó un ajuste drástico: devaluación, recorte del gasto público, eliminación de subsidios y liberación de precios. Todo al mismo tiempo. El impacto fue inmediato. La inflación, que ya venía descontrolada, superó el 200% anual, mientras los ingresos quedaron rezagados. El resultado fue una caída abrupta del poder adquisitivo y un salto en la pobreza que alcanzó alrededor de 52,9% de la población en 2024. Más de la mitad del país bajo la línea de pobreza no es una metáfora ni un recurso retórico: es un dato duro.

Con el paso de los meses, el gobierno logró mostrar una desaceleración de la inflación. Hacia 2025, las cifras comenzaron a bajar de forma significativa, acercándose a niveles cercanos al 30% anual. En términos macroeconómicos, eso puede presentarse como un éxito. Pero la pregunta relevante no es solo qué pasa con los precios, sino qué pasa con las personas. Porque en paralelo, los salarios reales sufrieron caídas importantes, especialmente en el sector público, donde se registraron retrocesos cercanos al 18% en términos de poder de compra. El salario mínimo también perdió terreno frente al costo de vida, y el empleo formal mostró señales de contracción.

Ese desfase entre inflación a la baja y deterioro social es el núcleo del problema. Bajar la inflación no necesariamente implica mejorar las condiciones de vida si el ajuste se hace licuando ingresos. De hecho, incluso cuando las cifras oficiales comenzaron a mostrar una reducción posterior de la pobreza —alrededor de 31,6% en 2025—, esa mejora ocurre después de un salto inicial devastador. Es decir, primero se empuja a millones de personas hacia abajo y luego se celebra una recuperación parcial desde ese nuevo piso. La pregunta incómoda es si eso constituye realmente una mejora o simplemente una normalización del daño.

En la vida cotidiana, ese proceso se traduce en algo más tangible que cualquier indicador: trabajadores que siguen empleados pero son más pobres, jubilaciones que pierden valor en cuestión de semanas, y una clase media que empieza a vivir en modo defensivo. No es casualidad que múltiples mediciones de percepción muestren que, incluso con menor inflación, amplios sectores declaran vivir peor que antes. La macro se ordena, pero la vida se desordena.

Este cuadro no es irrelevante para Chile. El proyecto político de José Antonio Kast no es idéntico al de Milei, pero comparte una lógica que vale la pena observar con atención: reducción del rol del Estado, énfasis en el ajuste rápido, beneficios tributarios a grandes empresas y un discurso centrado en el orden, el esfuerzo y la disciplina. Sus defensores argumentan que se trata de medidas necesarias para corregir distorsiones. Sus críticos advierten que el costo de esa corrección tiende a concentrarse en los sectores más vulnerables.

La experiencia argentina ofrece un patrón reconocible. Primero, se implementa un shock que impacta directamente en precios clave como transporte, energía y alimentos. Luego, los salarios quedan rezagados frente a ese aumento del costo de vida. A continuación, se produce un deterioro en las condiciones materiales de amplios sectores, mientras se insiste en la necesidad de sostener el rumbo. Finalmente, se apela a la paciencia social bajo la promesa de beneficios futuros que no siempre llegan de manera equitativa.

En Chile, algunas señales iniciales —como el alza en costos sensibles o decisiones que priorizan ciertos incentivos económicos— ya generan inquietud en parte de la ciudadanía. No porque el país esté en la misma situación que Argentina, sino porque las trayectorias económicas no se definen solo por el punto de partida, sino también por las decisiones que se toman en momentos clave. Y cuando esas decisiones apuntan en una dirección similar, la comparación deja de ser exagerada y empieza a ser pertinente.

El debate de fondo no es ideológico, aunque muchas veces se plantee así. Es profundamente material. Se trata de quién absorbe el costo del ajuste. Porque todo proceso de corrección económica implica costos; la diferencia está en cómo se distribuyen. En el caso argentino, la evidencia reciente sugiere que ese costo recayó de manera desproporcionada en trabajadores, jubilados y sectores medios. El capital, en cambio, encontró alivios y oportunidades en el nuevo esquema.

Chile todavía no está en ese escenario, pero la discusión ya está abierta. Mirar a Argentina no implica asumir un destino inevitable, pero sí permite observar consecuencias concretas de políticas similares aplicadas en un contexto real. El espejo está ahí, no como una profecía, sino como advertencia.

Porque al final, más allá de los discursos, hay una pregunta que define cualquier modelo económico: si ordena las cuentas, pero desordena la vida, ¿a quién está realmente beneficiando?