El silencio de la titular de la Fiscalía de Florencio Varela que debería llevar adelante la investigación sobre la llamada “Masacre” es realmente ensordecedor. Con el segundo capítulo del revelador documental publicado en las redes sociales de Infosur, desde la redacción se la ha llamado y escrito durante varios días sin lograr una mínima respuesta. Sólo el silencio, que hace ruido. Y el visto. Sin más.
Mariana Dongiovanni, es una vecina del barrio Presidente Sarmiento. Tenía 36 años cuando tomó juramento para convertirse en la titular de la Fiscalía Nº 2 de Varela en el año 2015. Al culminar el acto protocolar Mariana abrazó a cada uno de sus familiares y dijo sentirse “orgullosa de trabajar para brindar la justicia que Varela merece”. Pues, en este caso, puede considerarse lejísimo del orgullo y más cercana a la vergüenza.
A decir verdad, el expediente sobre el doble femicidio, de Sabrina Barrientos y Denise Juárez, y el doble intento de femicidio, el de Magali Pineda y Némesis Núñez, quemó en las manos de las fiscalías descentralizadas de Florencio Varela. El primero que tomó el caso fue el Dr. Bustos Rivas quien lo abandonó a raíz de las denuncias que su pareja le había realizado por la falta del pago del aporte alimentario para sus hijas menores. Fue así que llegó el turno de Gisela Olszaniecki, quien días después pasó a formar parte del Juzgado Correccional 1 de Florencio Varela. Las fojas calientes recayeron entonces en Dongiovani, que después de no insistir con la detención de Luis Wheiman, el vigilador, fue proclive a archivar la causa porque no hubo más movimiento.
Infosur viene realizando publicaciones con datos controversiales sobre la causa. Además, el documental ya dejó ver cómo fue el accionar de la policía sobre la escena del crimen, la ambulancia que pasó de largo y dejó sin asistencia a las víctimas que agonizaban en el asfalto caliente de la avenida Senzabello aquel 11 de febrero del 2017. Y la inexplicable teoría de un menor, de la cual la justicia dijo que no encontraba elemento para acusarlo, son algunos aspectos que la fiscal, como servidora pública debería despejar de inmediato porque los ciudadanos varelenses, que le pagan el sueldo con sus aportes al fisco (directos o indirectos), merecen una aclaración. Y si, en cambio, la información fuera inobjetable, también debería expresar públicamente las razones que lo llevaron a adoptar una actitud tan pasiva que desconoció los plazos procesales a pesar de su condición de abogada, requisito indispensable para ocupar tan importante cargo.
El 30 de marzo pasado cuando Ismael Barrientos viajó desde Mar del Plata a Florencio Varela para depositar flores en la tumba de su hija en el cementerio varelense le confió a Infosur que tenía pistas pero que nadie lo atendía para poder presentarla. Una de ellas, es una filmación de un sujeto, aparentemente remisero y ex miembro de la policía bonaerense, que le juró y perjuró, que sabía quién había asesinado a su hija y a la amiga. Es un claro elemento que permitiría desarchivar la causa. Pero, aparentemente, no hay decisión de hacerlo.
La aparición de un menor en la causa es altamente llamativa. La teoría surge, según el expediente, a través del testimonio de un detective de la policía de investigaciones de Quilmes que recibe de forma anónima el dato sobre la participación de ese menor de edad como quien apretó el gatillo para dar muerte a las jóvenes.
En total, según la pericia forense que se desprende del expediente judicial, fueron 20 balazos en cuestión de segundos. No erró ninguno. Y aunque el arma jamás fue encontrada, se supone que tiene un cartucho preparado. El calibre es 9mm.
El primer detenido por el crimen fue Luis Esteban Weiman, un hombre de 36 años que figura como trabajador de guardia de seguridad de la empresa RedGuard. Había tenido un vínculo con Sabrina y, según se desprende de la investigación, también acosaba a Denise. Fue liberado de culpa y cargo y todavía cada tanto se lo ve transitar por Florencio Varela.
Otro de los hombres sospechados fue Adrián Abraham, de 31 años. Ambos casi duplican en edad a las adolescentes. Después de que sus caras salieran en la televisión, se hizo una rueda de reconocimiento con vecinos del lugar donde ocurrió el doble asesinato que dio como resultado negativo.
La abogada Casamiquela no descarta que haya sido un “crimen tercerizado”. De algo está segura: “Esto no fue obra de un loquito como quieren instalar las defensas de los acusados”.
La abogada es crítica de la actuación judicial. Varios de los allanamientos que se hicieron en lugares donde habrían estado las chicas con este grupo de varones dieron negativos: se efectuaron cinco días después del crimen.
La impunidad asegurada
La masacre femicida de Florencio Varela también pone en evidencia un patrón de impunidad: las investigaciones judiciales quedan estancadas cuando se trata de narco violencia machista. Frente a la fiscalía de Florencio Varela, a pocas cuadras de la estación de trenes de la línea General Roca, los familiares de víctimas de distintos casos se agruparon con las fotos de sus seres queridos en el pecho o en la mano a horas del crimen. Cuando el crimen de las chicas saltó a los medios, el primer caso con el que se lo vinculó fue con el asesinato de Caíto Alegre, un pibe de 21 años asesinado el domingo 5 de febrero a la madrugada cuando salía del boliche D One, muy cerca de Santa Diabla, donde fueron baleadas las amigas.“Hay bandas de pibes que trabajan para la policía. Esa es la realidad de estos barrios”, señala una fuente local que prefirió el anonimato.
Diez días después del acribillamiento de las chicas, un grupo de familiares presentó un petitorio ante el Poder Judicial local para que se agilicen las investigaciones. Estuvieron la madre y los hermanos de Cristian Lemes, asesinado en el barrio Los Tronquitos, en octubre del año pasado. También la madre de los hermanos Javier David Vallejo y Benito Ricardo: dos muertes impunes más. Se sumaron las compañeras de La Jose, su única hermana y su sobrina. La Jose es Jose Zalazar Maturano, una crossdreser que apareció con el cráneo quebrado, la columna torcida y tajos en la cara después de salir una noche del 22 de febrero de 2016 en un bar de Florencio Varela. La investigación de la fiscal Gisela Olzanieki de la Unidad Funcional Nº 3 de Florencio Varela apuntó a una “pandilla de varones homofóbicos” que venía amenazando a las mujeres transgénero de la zona. “Lo más grave es que la policía tenía conocimiento de un grupo de varones que estaban hostigando a las gays y travestis de la zona. Llegaron tarde”, dijo Martín Ianfranco del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación al medio online Cosecha Roja. Vinculó el crimen a un marco de “recrudecimiento del machismo” y discriminación a las personas de diversidad sexual. Su causa judicial hoy sigue estancada
