Almirante Brown y la “caja negra” de la policía

Este podría ser otro escándalo policial. Si se comprueba la denuncia podría otra vez correrse el velo sobre los oscuros intereses y manejos de un sector de la corporación policial bonaerense.
El teniente Néstor Ospitaletche (43) explicó al diario El Día de La Plata que durante nueve años integró el Grupo GAD de Almirante Brown y que en ese lugar sus superiores lo obligaban a salir a buscar dinero para pagar el “alquiler” del Jefe Departamental de la jurisdicción.
Sobre el término “alquiler”, indicó que se trataría del dinero que integraría la investigada “caja negra” de la bonaerense y que presuntamente tenía destino en los altos mandos de la fuerza.
El efectivo policial solicitó a la Justicia un hábeas corpus, ya que la denuncia de los presuntos actos de corrupción por parte de sus superiores lo pone en la mira de la supuesta “mafia”. Por esa situación, solicitó que se le “garantice su integridad física, desempeñar su trabajo con dignidad y poder realizar, sin represión, una protesta o medida de fuerza” con sus compañeros.
Si bien los jueces de feria del fuero penal, Emir Caputo Tártara (del Tribunal Oral en lo Criminal IV) y Jorge Moya Panisello (Tribunal Oral en lo Criminal I), no hicieron lugar al planteo, sí decidieron enviar copias de las actuaciones a la fiscalía de turno para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública.
Sin embargo, sus abogados explicaron a EL DIA que se trataría de aparentes maniobras fraudulentas con los vales o tickets de combustibles asignados al GAD, para el funcionamiento de los patrulleros.
Por esas denuncias y, un reclamo que viene haciendo el oficial por una herida que sufrió en un acto de servicio, habría recibido malos tratos y amenazas, explicaron sus defensores.
En la presentación judicial, el teniente relató confusos episodios, con “superiores que guardan los fondos y luego son distribuidos con sus asociados en perjuicio de la calidad de vida de los funcionarios de menor jerarquía”.
Consultado por El Día, el teniente Ospitaletche mencionó que “cada policía que hacía un servicio adicional en un partido de fútbol tenía que dejar 100 pesos en un sobre. Nos decían que era para la compra de lavandina y otros elementos para la dependencia”.
También detalló que “ese dinero nos aseguraba poder trabajar horas extras y la continuidad en esa prestación”.
En la presentación judicial, el oficial menciona la posible concreción de “una medida de resistencia debido a la falta de soluciones urgentes a su reclamos alimentarios, de salud y trabajo, que hasta hoy no tienen debida solución”.
También explica que se enteró que hay orden de reprimir esa protesta.

Por estas razones, el teniente, que finalmente fue trasladado a una comisaría del distrito -presume que por sus permanentes reclamos-, decidió acudir a la Justicia vía hábeas corpus.
Los jueces Caputo Tártara y Moya Panisello entendieron que de los argumentos invocados en el hábeas corpus “no se advierte la configuración de ninguno de los supuestos previstos en la Constitución de la Provincia”, para que prospere un recurso de esas características, ya que “no puede interpretarse que el accionar policial que eventualmente se disponga para el control de la protesta social que, conforme manifestaciones mencionadas habrá de llevarse a cabo, constituya un acto ilegal o arbitrario en la medida que el mismo se ajuste a los parámetros legalmente previstos para tales circunstancias”.
Por ello, los jueces rechazaron el planteo, pero dispusieron enviar copias certificadas de estas actuaciones al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y ante “la posible comisión de delitos de acción pública” dar intervención a la fiscalía penal de turno en La Plata, a cargo de la doctora Virginia Bravo