(CPM) No hubo motín ni intento de fuga, como pretende instalar la versión policial. Fue un reclamo desesperado de los detenidos por sus condiciones de detención. Los 27 estaban alojados sin colchones, debiendo turnarse para dormir en el piso sobre frazadas. Y prendieron fuego mantas y papeles. Estaban alojados de manera ilegal en un lugar clausurado judicialmente y donde -según la policía- sólo había cupo para 10 personas. El fuego se inició como medida de protesta ante una situación insostenible. Al comenzar el fuego, los agentes que custodiaban cerraron la llave de paso de agua de las celdas impidiendo que los detenidos lo apaguen pese a los gritos desesperados de ayuda. También demoraron la asistencia mientras se burlaban del pedido de auxilio diciéndoles “ahora se van a quemar como las ratas que son”.
Elías Soto tenía apenas 20 años y Miguel Ángel Sánchez estaba detenido por tenencia simple de estupefacientes, un delito menor y excarcelable.
Ambos estaban procesados. Se suman así a las muertes de Jeremías Rodríguez de 19 años, Jorge Ramírez de 30 años, Eduardo Ocampo de 60 y Juan Lavarda de 59 años fallecidos ayer.
Además de estar detenidas en un lugar que la justicia había clausurado el alojamiento en la comisaría de Esteban Echeverría el jueves a la noche transgredía el tiempo máximo de 48 horas que una persona puede estar en estas dependencias. Casi la mitad llevaba más de 4 meses en ese lugar y todos superaban el plazo de dos días.
Las condiciones que hicieron posible esta nueva masacre sólo pueden entenderse como consecuencia lógica de una política de seguridad cuya única dimensión es la persecución y el encierro de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y no la persecución del delito complejo y las grandes redes delictivas.
Estás muertes horrorosas producida bajo la custodia del Estado no son hechos excepcionales ni producto de accidentes o catástrofes. Son un emergente más de la política punitiva legitimada en el sistema político argentino que, mientras pretende interpelar con la promesa de mayor seguridad, lo único que genera es más violencia. El Estado no puede intervenir para resolver los problemas sociales apartándose del estado de derecho y las garantías constitucionales. Y eso es lo que hace sistemáticamente en la aplicación de la política criminal y de lugares de encierro.
Desde la CPM volvemos a repudiar esta nueva masacre y responsabilizamos al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia que nuestro organismo viene realizando, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país -incluida la propia Corte y organismos internacionales-, le otorgan más gravedad a lo sucedido.
Desde la toma de conocimiento, la CPM intervino inmediatamente haciéndose presente en el lugar, tomando contacto con las víctimas y familiares para patrocinarlas judicialmente y haciendo una presentación formal en la causa.
