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Megaestafa en Varela: el Defensor del Pueblo pide la “nulidad” del desalojo en El Alpino

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Durísimo escrito de Guido Lorenzino contra la fiscal Vanesa Maiola de Florencio Varela. Un juez ya había rechazado la medida de expulsión porque la empresa multinacional no tiene el dominio pleno sobre la propiedad y solo cuenta con una anotación vencida en el 2019. Un tema que sugiere se ventile en la justicia civil y no penal. En tanto, el expediente por la denuncia de estafas presentado por los vecinos está paralizada y se tramita en la misma fiscalía. Dos caras de una misma moneda.

El teléfono de Sandra Aguirre, una de las martilleras públicas que vendió los terrenos del barrio Mi Sueño en Florencio Varela, suena dos veces hasta que atiende. Cuando el cronista de Infosur se identifica, cambia el tono de su voz y dice que es una empleada. Una empleada de la inmobiliaria apuntada como partícipe de una megaestafa que hace 7 días dejó en la calle a 136 familias y que la Justicia varelense todavía no logró encontrar. 

En el mientras, las familias estafadas permanecen hace una semana acampando en las puertas del ingreso al barrio que fue del sueño a la pesadilla. “Delincuentes quisieron entrar y llevarse todo”, dijo uno de los propietarios en diálogo con Infosur apostado sobre el kilómetro 7,5 de la Ruta 53 en el barrio El Alpino.

Una causa judicial sorprendente y otra paralizada

La causa judicial continúa un derrotero impensado. Hasta donde sostienen las víctimas, la empresa que impulsó el desalojo no tiene los papeles del todo en regla. “Aparentemente hay una deuda millonaria con la municipalidad y eso produjo que no puedan realizar la escritura del predio, solo una anotación que ya está vencida”, sostiene.

Pero mientras el expediente presentado por la multinacional Aqualand fue por el ascensor, el otro, radicado por el vecindario y que apunta a los vendedores por una supuesta estafa, va por escalera. Y los dos están en la misma fiscalía: la número 6 de Vanesa Maiola. 

El dato revelador en la causa por la megaestafa

En tanto, el dato más revelador de las últimas horas tiene que ver con el pedido del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para que se declare la “nulidad” del desalojo que dejó sin techo al centenar de familias varelenses. Y el argumento aparece con mucho sentido común pues se conoció que la primera instancia el juez de garantías había rechazado la expulsión de los vecinos. La persistencia de la fiscal hizo que apelara la medida y la cámara avalara propuesta de Maiola

En primera instancia, el juzgado observó “que de las precarias constancias obrantes en autos surge que la compra se realizo de buena fe”. En el mismo sentido, el Defensor del Pueblo, en el escrito en el que pide la nulidad, declara que en el cotejo de títulos y/o derechos esgrimidos sobre la propiedad se ha priorizado la mirada superficial de lo expuesto por Aqualand Argentina S.A. en detrimento de lo demostrado por los damnificados de la estafa. ¿Por qué valen más uno que otros? Se pregunta el funcionario público que insiste en que las cuestiones jurídicas en cuanto a la propiedad inmueble se deben ventilar en a justicia civil y no en la penal.

Como adelantó Infosur, unas 136 familias pasaron del sueño a la pesadilla. Se trata de vecinos de Florencio Varela que compraron un terreno en lo que prometía ser un barrio en la zona de El Alpino y que terminó siendo un engaño. Y se quedaron con nada.

Un desalojo imprevisto

La semana pasada un impresionante operativo se montó con la intención de llevar adelante la orden de desalojo que emanaba del juzgado de Florencio Varela y que encabezaba la titular de la Unidad Fiscal número 6 de la localidad, Dra. Vanesa Maiola.

Uno de los vecinos, desesperado ante la situación, amenazó incluso con quitarse la vida ante la partida policial que leía la manda judicial que ordenaba la expulsión de los ocupantes del predio, que, según el acta, pertenecería a la empresa Aqualand Argentina S.A. a quien se le ordenaba restituir el predio.

Los terrenos en cuestión están ubicados en la zona de El Alpino, en el kilómetro 7, 5 de la ruta 53 y fueron vendidos por fracciones. Según informaron voceros fueron vendidos de forma irregular lo que provocó que las familias cayeran en una trampa.

 

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