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Megaestafa en Florencio Varela: Exclusivo, el documento que la Justicia no quiere mostrar

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La empresa denunció en julio del 2019 que se estaba pergeñando una estafa con la venta de terrenos pero la lentitud del proceso hizo que recién se actuara en el 2021.

La reunión duró más de cinco horas. El abogado de las víctimas de la megaestafa con terrenos en Florencio Varela, Juan Pablo Céspedes, mostró toda la documentación al Colegio de Martilleros que ahora deberá apurar una resolución respecto de la matrícula de Sandra Aguirre, titular de una de las inmobiliarias apuntadas en la Justicia como responsable. “Tienen que quitarle la matrícula”, señala José Luis García, referente de los damnificados.

Otra de las aristas abiertas en el caso de las 136 familias afectadas por una millonaria estaba con terrenos en el barrio El Alpino de Florencio Varela que ya va por su tercera semana de acampe, mientras la causa judicial sigue empantanada y el Defensor del Pueblo bonaerense pide que se declara la “nulidad” del desalojo por tratarse de un hecho “inconstitucional”, toda vez que la compra se realizó de buena fe.

Megaestafa: primer encuentro fallido en la audiencia de resolución alternativa judicial

En ese contexto también se conoció que la primera reunión que se realizó en la oficina de Resolución Alternativa de Conflictos Judiciales entre los vecinos y la empresa no arribó a buen puerto. Aparentemente, una de las víctimas llevó a otro abogado, hasta ahora no reconocido en el expediente judicial, lo que provocó la negativa de la reunión por parte de los letrados de la empresa Aqualand, que promovió el desalojo y que reclama como propio el predio de 12 hectáreas.  Es así que no hubo negociación oficial para lograr alcanzar un acuerdo económico que permita a los vecinos volver a sus casas y a los terrenos. Y habrá que esperar.

El documento que revela la vergonzosa demora judicial de Florencio Varela

En tanto, Infosur pudo acceder al documento oficial que da cuenta de que la Justicia de Florencio Varela conocía en julio del año 2019 que se estaba pergeñando una “megaestafa” con los terrenos. La denuncia fue realizada por los abogados de la empresa Aqualand ante la fiscal Vanesa Maiola y aportó fotografías, avisos en redes sociales y Mercado Libre donde ofrecían las tierras que supuestamente les pertenecen. Es más, según consta en el expediente, la empresa denunció como fraudulento el aviso en Mercado Libre. “La denuncia fue en julio del 2019 y yo compré en noviembre de ese año, si la Justicia no hubiera demorado tanto a mí no me hubieran estafado”, dice García en el diálogo que mantuvo con este medio.

En el escrito presentado por la empresa se señala el peligro criminal que ocasiona no solo para ella sino también para quienes podrían comprar los terrenos. Así también señala que solicitan la urgente intervención de la fiscalía. Llegaron tarde, desalojaron a los vecinos que ya habían comprado 136 terrenos de los 154 en venta. Fue hace tres semanas.

El Defensor del Pueblo habla de “nulidad” e “inconstitucional”

Vale recordar que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pide que se declare la “nulidad” del desalojo que dejó sin techo al centenar de familias varelenses. Y el argumento aparece con mucho sentido común pues se conoció que la primera instancia el juez de garantías había rechazado la expulsión de los vecinos. La persistencia de la fiscal hizo que apelara la medida y la cámara avalara propuesta de Maiola.

En primera instancia, el juzgado observó “que de las precarias constancias obrantes en autos surge que la compra se realizo de buena fe”. En el mismo sentido, el Defensor del Pueblo, en el escrito en el que pide la nulidad, declara que en el cotejo de títulos y/o derechos esgrimidos sobre la propiedad se ha priorizado la mirada superficial de lo expuesto por Aqualand Argentina S.A. en detrimento de lo demostrado por los damnificados de la estafa. ¿Por qué valen más uno que otros? Se pregunta el funcionario público que insiste en que las cuestiones jurídicas en cuanto a la propiedad inmueble se deben ventilar en a justicia civil y no en la penal.

Como adelantó Infosur, unas 136 familias pasaron del sueño a la pesadilla. Se trata de vecinos de Florencio Varela que compraron un terreno en lo que prometía ser un barrio en la zona de El Alpino y que terminó siendo un engaño. Y se quedaron con nada.

 

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