En la fábrica de films autoadhesivos, ubicada en el barrio La Rotonda de la localidad de Ingeniero Allan de Florencio Varela, el 11 de septiembre arrancó como un día más de trabajo. Pero antes del mediodía, todo cambió: las computadoras del área administrativa empezaron a emitir alertas bancarias. En cuestión de minutos, la empresa perdió 425 millones de pesos en un golpe cibernético que todavía no tiene explicación.
Los delincuentes se movieron con precisión quirúrgica. Primero, tomaron un crédito por 296 millones de pesos a nombre de la compañía; luego, transfirieron los 44 millones que ya estaban en la cuenta corriente; y para coronar el golpe, usaron un descubierto bancario de 85 millones. Todo ese dinero fue desviado a una cuenta de una empresa electrónica, y de ahí —según la investigación— se evaporó en el aire digital, convertido en criptomonedas que cruzaron las fronteras sin dejar rastro.
El dueño de la firma, que presentó la denuncia penal, contó que solo dos personas manejaban las claves del homebanking: él y su esposa. “Confío plenamente en ella”, aclaró, descartando cualquier filtración interna.
Lo más indignante es que no fue la primera vez. En junio, la misma empresa ya había sufrido un ataque similar por 73 millones de pesos, que el BBVA de Berazategui tuvo que anular tras una semana de reclamos. Por eso, el abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, apuntó directamente contra el banco:
“La repetición del ataque y las transferencias millonarias sin control evidencian una falla de seguridad”, sostuvo el letrado.
Desde la entidad bancaria, el Gerente de Grandes Empresas del BBVA prometió revertir el crédito y las transferencias, pero a la fecha nada fue devuelto. Mientras tanto, la empresa quedó al borde del colapso: cheques rebotados, cuentas paralizadas y proveedores en pánico.
Para evitar el cierre y sostener los salarios, el dueño tomó una decisión de emergencia: mudar todas las operaciones a otro banco en apenas tres días. También tuvo que pedir créditos de auxilio en otras entidades para cubrir los descubiertos y mantener a flote el pago a empleados y clientes.
La causa quedó en manos de la UFIJ N° 19 de Quilmes, que investiga bajo secreto de sumario. “La Fiscalía se puso las pilas”, aseguró Szelagowski, pero advirtió que el caso “revela el enorme agujero en la seguridad informática de los bancos”.
Mientras tanto, en Florencio Varela, el comentario se repite de boca en boca entre empresarios y comerciantes: si a una de las fábricas más grandes del distrito le vaciaron la cuenta en minutos, nadie está a salvo del nuevo delito que ya tiene nombre propio: la ciberestafa zarpada.
