Los argentinos esta vez salieron a la calle por algo bastante más importante que un Mundial. Salieron porque entendieron que detrás de una supuesta modernización de la economía podía esconderse algo mucho más brutal: la idea de que Argentina también podía ponerse en venta, hectárea por hectárea, lago por lago, montaña por montaña, hasta convertir la Patagonia y otras zonas estratégicas del país en parcelas disponibles para el mejor postor.
Capitán Cianuro
El proyecto impulsado por Javier Milei buscaba eliminar las restricciones que durante años limitaron la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La Ley de Tierras establecía un límite del 15%; el Gobierno llegó a plantear directamente eliminarlo, mientras el ministro Federico Sturzenegger defendía la medida como una forma de atraer inversiones por unos 15.000 millones de dólares.
Pero esta vez la calle habló más fuerte que la motosierra. El rechazo ciudadano, las organizaciones sociales, sectores políticos y la presión generada alrededor del Congreso obligaron al Gobierno a retroceder. Primero intentaron llevar el límite del 15% al 25%; después, cuando advirtieron que no tenían los votos, tuvieron que sacar del proyecto el capítulo que permitía la venta irrestricta de tierras a extranjeros. El Senado terminó aprobando la iniciativa por 37 votos contra 33, pero sin esa disposición. Y quizá ahí está una de las noticias más importantes de estos días: cuando la ciudadanía se organiza, incluso un Gobierno que parece dispuesto a pasar por encima de todo puede verse obligado a frenar.
Porque no estamos hablando de unas cuantas parcelas perdidas en un mapa. Estamos hablando de un país donde ya existen aproximadamente 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, cerca del 5% del territorio nacional. En lugares como Cushamen, en Chubut, la proporción llega al 23%. Y mientras algunos celebran que Argentina pueda convertirse en un gigantesco mercado inmobiliario para capitales internacionales, otros recuerdan que debajo de esas tierras hay agua, minerales, bosques, fronteras, biodiversidad y soberanía.
Ese es el verdadero rostro de la libertad adicto al clonazepam de Milei: todo puede ser liberado, todo puede ser desregulado y, llegado el caso, todo puede ser vendido. La pregunta es quién compra y qué queda para los argentinos cuando el negocio termina.
Milei llegó prometiendo liberar a Argentina de sus viejas castas y terminó construyendo un Gobierno donde la palabra “libertad” parece servir para justificar casi cualquier cosa. Libertad para vender tierras; libertad para desregular; libertad para que el Estado deje de proteger; libertad para que el mercado decida quién puede acceder a una vida digna. Y mientras tanto, jubilados, trabajadores, enfermos y pequeñas empresas deben aprender a sobrevivir en un país donde el ajuste se presenta como virtud y el sufrimiento como una especie de requisito moral para alcanzar el paraíso libertario.
El personaje que dirige esta experiencia tampoco ayuda demasiado a comprender dónde termina la ideología y dónde comienza la obsesión personal.
Milei se muestra orgulloso de su alineamiento con Israel, se declara sionista y ha convertido su cercanía con Donald Trump y Benjamin Netanyahu en una especie de política exterior personal. El mismo presidente que habla de nacionalismo argentino parece tener una facilidad extraordinaria para subordinar la diplomacia del país a sus admiraciones políticas.
Y cuando no está peleando con sus enemigos ideológicos, se dedica a insultar a socios estratégicos como Brasil o España. La diplomacia convertida en pelea de cantina de mala vida puede ser entretenida para las redes sociales, pero resulta bastante menos divertida para un país que necesita mercados, inversiones y relaciones internacionales serias.
Y mientras el Presidente juega a ser el gran libertario del continente, la Argentina real sigue pagando la cuenta. Las pequeñas empresas enfrentan un escenario durísimo, los jubilados han soportado fuertes pérdidas de poder adquisitivo y las políticas públicas de salud han sido objeto de recortes y desmantelamientos denunciados por profesionales y organizaciones. El problema no es solamente cuánto baja la inflación: el problema es qué queda de una sociedad cuando para equilibrar una planilla se empieza a considerar prescindible todo aquello que protege a las personas.
Por eso la protesta contra la venta de tierras tiene un significado mucho mayor. No es solamente una pelea por la Patagonia. Es una pelea por el concepto mismo de país. Porque una nación puede vender empresas, concesionar servicios, atraer capital extranjero y abrir su economía; pero cuando comienza a considerar su territorio simplemente como un activo disponible para quien tenga suficiente dinero para comprarlo, algo más profundo está ocurriendo.
Argentina puede necesitar inversiones. Lo que no necesita es convertirse en una inmobiliaria con bandera.
Y quizás por eso esta vez la calle consiguió algo que parecía improbable: frenar a Milei. No definitivamente, porque el Gobierno ya ha demostrado que cuando una puerta se cierra busca otra para entrar. Pero sí lo suficiente para recordar que la soberanía no pertenece al Presidente, ni a sus ministros, ni a los multimillonarios que puedan mirar el mapa argentino como una oportunidad de negocios.
Pertenece a los argentinos.
Y por esta vez, al menos por ahora, Argentina no se vende.
