El negocio de la ultraderecha

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Mientras prometen libertad, seguridad y prosperidad, los gobiernos de ultraderecha debilitan las economías nacionales, desmantelan capacidades públicas y abren las puertas a los grandes capitales. El patrimonio de nuestros pueblos se convierte en oportunidad de negocio para unos pocos. Y cuando queramos recuperarlo, quizás ya sea demasiado tarde.

Capitán Cianuro

Argentina es quizás el ejemplo más evidente. Javier Milei llegó prometiendo terminar con la casta política y devolverles la prosperidad a los argentinos. La inflación ha disminuido, pero detrás de ese resultado existe otra realidad: empresas cerradas, pérdida de empleos, industria golpeada, construcción paralizada y millones de personas enfrentando dificultades para llegar a fin de mes. Mientras tanto, los sectores vinculados a la energía, la minería y las finanzas encuentran nuevas oportunidades. La pregunta es inevitable: ¿milagro económico para quién?

Porque el problema no es solamente cuánto crece una economía, sino quién se queda con sus beneficios y quién paga sus costos. Debilitar la industria nacional, destruir empleo y reducir la capacidad productiva también significa debilitar la autonomía de un país.

Ecuador es otra señal preocupante. Daniel Noboa llegó prometiendo recuperar la seguridad, pero la violencia del crimen organizado continúa golpeando al país. La militarización y los estados de excepción no han resuelto las profundas raíces del problema. Bolivia arrastra desequilibrios económicos, escasez de divisas y conflictos sociales, mientras Perú continúa enfrentando una prolongada inestabilidad política. Las crisis institucionales y económicas de nuestra región no desaparecen por cambiar el signo político de sus gobiernos.

El Salvador merece un capítulo aparte. No se puede negar que Nayib Bukele consiguió reducir drásticamente la violencia de las pandillas y que miles de salvadoreños recuperaron espacios sometidos durante años al terror. Pero ese resultado no puede convertirse en autorización para gobernar sin límites. Más de 90.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción y organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. Un país puede reducir sus homicidios y, al mismo tiempo, perder libertades fundamentales. No deberíamos tener que elegir entre seguridad y democracia.

Chile tampoco puede mirar hacia otro lado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que el país atraviesa técnicamente una recesión, atribuyendo buena parte de la contracción a la caída de la producción minera. Pero sus declaraciones fueron más allá: abrió la posibilidad de incorporar capital privado a Codelco y vender activos considerados no estratégicos. Aunque aseguró que el Estado conservaría el control, la puerta a una mayor participación privada quedó abierta. 

Y hay un antecedente que merece atención. El empresario estadounidense Bill Gates visitó Chuquicamata (la refinera de cobre más grande de mundo, ubicada en el norte de Chile) el pasado 5 de noviembre y solicitó que el recorrido se mantuviera bajo estricta reserva. Gates mantiene vínculos de inversión con fondos relacionados con KoBold Metals, empresa dedicada a la exploración de minerales mediante inteligencia artificial. Incluso la Cámara de Diputados solicitó formalmente explicaciones a Codelco sobre las condiciones de aquella visita y la eventual existencia de conversaciones o acuerdos. No sabemos si existe alguna relación con futuras inversiones, pero el interés internacional por estos recursos minerales es evidente. 

Chile tiene una historia demasiado importante en materia de soberanía sobre el cobre como para tratar este debate como un simple asunto de inversión. ¿Vamos a utilizar las dificultades de una empresa estratégica para justificar su apertura al capital privado? ¿Otra vez estos recursos terminarán convertidos en oportunidades de negocio para grandes fortunas internacionales?

América Latina posee petróleo, gas, cobre, litio, agua, tierras agrícolas y una riqueza natural extraordinaria. Sin embargo, seguimos entregando capacidad de decisión sobre esos recursos a grandes grupos económicos y corporaciones internacionales. El mecanismo es perversamente sencillo: primero se debilita el Estado y se deterioran sus empresas; después se presenta la privatización como la única salida posible. Se firman contratos, se entregan concesiones y se comprometen recursos que pertenecen a generaciones enteras. Los gobiernos pasan, pero los contratos permanecen.

Tampoco podemos separar este fenómeno de la influencia internacional. Donald Trump ha convertido la confrontación política en una herramienta de poder y representa un referente para movimientos que buscan reproducir su discurso y sus prioridades económicas. Milei representa una versión radical del ajuste; Bukele, la concentración del poder bajo la bandera de la seguridad. Son expresiones diferentes, pero comparten una concepción del Estado y de la sociedad que merece ser examinada.

Y mientras América Latina experimenta las consecuencias de este giro político, España se encuentra frente a una decisión que puede marcar su futuro. El próximo 29 de noviembre los españoles acudirán a las urnas en unas elecciones generales en las que el Partido Popular y Vox aspiran a conquistar el gobierno. Muchos ciudadanos buscan un cambio, cansados de incertidumbre, dificultades de acceso a la vivienda y el desgaste de la política tradicional. Pero conviene preguntarse qué cambio están comprando realmente.

Un eventual gobierno del PP condicionado por las exigencias de Vox podría abrir una etapa de retrocesos en derechos sociales, debilitamiento de servicios públicos y mayor confrontación política. España debería mirar lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico antes de entregar su futuro a quienes prometen soluciones fáciles para problemas complejos. Los argentinos, los salvadoreños,  los chilenos  y otros varios países de LATAM también escucharon promesas de libertad, prosperidad y recuperación nacional. Hoy tienen ante sus ojos las consecuencias de esos proyectos.

Tampoco escribo para defender a gobiernos de izquierda que han cometido errores, protagonizado escándalos de corrupción o administrado irresponsablemente sus economías. Pero sus fracasos no convierten automáticamente a la ultraderecha en una alternativa virtuosa. La frustración ciudadana no puede transformarse en cheque en blanco para quienes pretenden reducir derechos, concentrar poder y convertir el patrimonio público en negocio privado.

Convencer a los ciudadanos de que el Estado es el enemigo, que los derechos sociales son privilegios y que los grandes empresarios son los únicos capaces de generar prosperidad es una enorme falacia. De esa premisa nacen los recortes, las privatizaciones y las entregas. Y cuando la sociedad comprende las consecuencias, los beneficiarios ya tienen sus contratos firmados y sus intereses protegidos.

América Latina no necesita nuevos salvadores ni caudillos que prometan resolverlo todo. Necesita recuperar el control de su destino, proteger sus recursos naturales, fortalecer su industria y construir economías cuyo crecimiento beneficie a sus pueblos.

Porque los multimillonarios no necesitan conquistar nuestros países cuando encuentran gobiernos dispuestos a entregarles sus riquezas. La ultraderecha promete devolvernos la libertad, pero corre el riesgo de dejarnos sin aquello que nos pertenece. Y cuando nuestros pueblos quieran recuperar lo que hoy se entrega en bandeja, quizás descubran que el negocio ya está hecho, que los contratos están firmados y que la factura tendremos que pagarla durante generaciones.

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