Una amenaza de tiroteo sacudió este lunes la Clínica Santa Clara de Florencio Varela, establecimiento de salud privado que presta servicios a afiliados del PAMI en el sur del conurbano bonaerense. El texto intimidatorio —escrito sobre un cartel y colgado en el vestuario del personal, detrás del área de laboratorio en planta baja— fue descubierto por el sector de recursos humanos y comunicado de inmediato al director del establecimiento, Christian Adrián Caroli.
«No presentarse a trabajar mañana. Tiroteo en la clínica.»
Eso decía el mensaje hallado en el interior de la clínica. Según pudo saber Infosur, Caroli se presentó personalmente en la Comisaría 1.ª de Florencio Varela pasadas las 11:30 del lunes para radicar la denuncia formal. La causa quedó caratulada como intimidación pública y la investigación fue puesta en manos de la UFI y J N.° 04, que impartió las primeras directivas al personal policial interviniente.
La clínica no fue evacuada, pero la situación generó alarma entre el personal sanitario y los pacientes que concurrían a la guardia durante la mañana.
Contexto: la ola de amenazas en la región
- En las últimas semanas se registraron decenas de amenazas similares en escuelas públicas y privadas del AMBA, la mayoría vía redes sociales o mensajes anónimos.
- La extensión del fenómeno a centros de salud representa una escalada preocupante, ya que involucra establecimientos que atienden a población vulnerable como adultos mayores afiliados al PAMI.
- Las fuerzas de seguridad bonaerenses han intensificado el trabajo conjunto con fiscalías especializadas en ciberdelito para dar con los autores de este tipo de intimidaciones.
- En varios casos anteriores, las amenazas resultaron ser falsas pero generaron operativos costosos y alteraron gravemente el funcionamiento de los servicios.
Lo que distingue a esta amenaza de tiroteo en Florencio Varela de los anteriores es, ante todo, el perfil del establecimiento amenazado: una clínica de mediana complejidad que atiende a jubilados y pensionados a través del PAMI, la obra social del Estado con mayor cantidad de afiliados del país. Una interrupción en su funcionamiento no solo implica un impacto económico, sino también sanitario para una población que depende de sus prestaciones cotidianas.
Fuentes policiales señalaron que el cartel habría sido colocado el domingo —es decir, el día anterior a la denuncia—, lo que indica que el autor tuvo acceso al interior del establecimiento fuera del horario de atención o durante el turno nocturno.
La justicia investiga si existe conexión entre esta amenaza y las registradas en establecimientos educativos del mismo distrito, donde se repitió el mismo patrón de mensajes anónimos colocados en lugares de acceso restringido. El fiscal interviniente analizará las imágenes de las cámaras de seguridad internas y tomará declaración a los empleados que tuvieron acceso al vestuario en las horas previas al hallazgo.
