La crisis del gobierno de Javier Milei, la disputa por nuestros recursos estratégicos y las limitaciones del peronismo para construir una alternativa expresan un problema más profundo: la dificultad de la Argentina para recuperar un proyecto colectivo de desarrollo, soberanía y ascenso social.
Por Martin Coldman para Infosur
Una vez más, las calles expresan un conflicto que atraviesa a la sociedad argentina. La quinta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación pública, se desarrolla frente a un gobierno que responde con ajuste y represión a las demandas populares. Pero lo que está en juego excede la coyuntura: es la capacidad de nuestra democracia para garantizar derechos y construir un horizonte colectivo.
El gobierno de Javier Milei expresa un proyecto de profunda transformación económica, basado en la reducción del Estado, la desregulación, las privatizaciones y el alineamiento con las principales potencias occidentales. Su llegada al poder no puede comprenderse sin el descontento social que supo interpretar en 2023, cuando la inflación, la inestabilidad cambiaria y el deterioro de los ingresos habían erosionado la confianza en el gobierno de Alberto Fernández.
Sin embargo, ganar una elección no es recibir un cheque en blanco. La legitimidad electoral no habilita a desconocer derechos ni elimina la responsabilidad de gobernar para el conjunto de la sociedad.
Un modelo que vuelve a poner en discusión la soberanía
Las políticas económicas del Gobierno recuperan una lógica que la Argentina ya conoció durante la dictadura y los años noventa: apertura financiera, valorización especulativa y reducción de las capacidades estatales. Mientras se promete liberar las fuerzas del mercado, el cierre de empresas, la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo ponen en riesgo el entramado productivo y las condiciones de vida de amplios sectores sociales.
El problema no es solamente cuánto se reduce el Estado, sino qué capacidades pierde el país para producir, planificar y decidir sobre su propio desarrollo. Los servicios públicos, la energía y el transporte no son únicamente gastos fiscales: también forman parte de las condiciones materiales que permiten sostener el trabajo y la actividad económica.
Esta discusión se vuelve todavía más importante cuando observamos los recursos estratégicos de la Argentina. El agua dulce, los hidrocarburos, la pesca, las tierras raras y la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida ubican al país en un escenario de disputa internacional. Estados Unidos, Israel y las potencias de la OTAN tienen intereses geopolíticos y económicos en una región cuya importancia estratégica no deja de crecer.
El desafío consiste en evitar que esa riqueza se convierta en una nueva fuente de dependencia.
Un ejemplo es la participación de la empresa estatal israelí Mekorot en proyectos de planificación hídrica de distintas provincias argentinas, a través de acuerdos impulsados desde 2022. La discusión no debería limitarse a la conveniencia de incorporar asistencia técnica, sino abarcar quién administra el agua, bajo qué criterios y con qué controles públicos. Se trata de un recurso indispensable para la vida, la producción y la soberanía.
La Argentina necesita una política exterior y económica que le permita relacionarse con el mundo sin subordinar sus decisiones a los intereses de las potencias ni de los capitales concentrados.
Pero esa discusión conduce inevitablemente a otra pregunta: ¿por qué llegamos a una situación en la que un proyecto de estas características pudo presentarse como la respuesta a las demandas de la sociedad?
El peronismo y las transformaciones inconclusas
La crisis actual no puede explicarse solamente por las decisiones de Milei. También exige revisar las responsabilidades y las limitaciones de las fuerzas políticas que gobernaron durante los últimos quince años, especialmente las del peronismo.
Los gobiernos kirchneristas produjeron transformaciones importantes en materia de empleo, ampliación de derechos y recuperación del mercado interno. Entre 2003 y 2008-2009, un contexto internacional favorable, con precios elevados de los productos primarios y un importante ingreso de divisas, permitió mejorar las condiciones de vida de amplios sectores sociales.
Sin embargo, aquella recuperación no se tradujo en una transformación estructural de la economía. No conseguimos consolidar una matriz productiva diversificada, fortalecer de manera sostenida la industria nacional ni resolver la dependencia de las exportaciones primarias y la necesidad recurrente de divisas. Cuando las condiciones internacionales dejaron de ser tan favorables, quedaron expuestas las limitaciones de un modelo que no había logrado transformar suficientemente sus bases productivas.
Reconocer esos límites no significa desconocer los avances de aquellos años. Significa entender por qué no alcanzaron para garantizar un desarrollo sostenido y por qué las conquistas sociales quedaron expuestas a nuevas crisis económicas y políticas.
A esa deuda se sumó otra, igualmente importante: la pérdida de capacidad para construir un horizonte colectivo. El peronismo, que nació como un movimiento nacional y popular vinculado al trabajo, los derechos sociales y la movilidad ascendente, no logró renovar una propuesta capaz de ofrecer respuestas convincentes a las nuevas demandas de la sociedad.
Milei supo capitalizar ese vacío. Su triunfo no fue solamente el resultado de su discurso o del avance internacional de la nueva derecha, sino también de una crisis de representación que el campo popular no consiguió resolver.
Por eso, la crítica al peronismo no puede limitarse a señalar sus disputas internas ni a discutir nombres propios. El problema es político, económico y cultural: ¿qué proyecto de país propone hoy?, ¿cómo piensa reconstruir el aparato productivo?, ¿cómo va a generar empleo y mejorar los ingresos?, ¿qué lugar tendrán el Estado, la educación pública, la ciencia y la tecnología?
No alcanza con denunciar el ajuste ni con esperar que el deterioro social produzca una recuperación electoral. Hace falta revisar las experiencias anteriores, asumir las transformaciones que quedaron pendientes y construir una alternativa que vuelva a vincular la política con la posibilidad concreta de vivir mejor.
Una política atrapada en la coyuntura
Mientras esas preguntas siguen sin respuesta, buena parte de la dirigencia parece atrapada en las disputas de corto plazo. Las peleas en redes sociales, los enfrentamientos públicos y los actos organizados para los propios no reemplazan la construcción de una propuesta colectiva.
La Argentina necesita salir de esa chatura política y cultural. Necesita dirigentes capaces de convocar a la participación, conducir procesos populares y asumir responsabilidades que vayan más allá de las próximas elecciones.
La crisis del peronismo es particularmente relevante porque no se trata solamente de una fuerza que perdió el gobierno. Se trata de un movimiento que históricamente representó una promesa de ascenso social y que hoy debe explicar cómo piensa recuperarla. Su responsabilidad es doble: enfrentar las consecuencias del modelo actual y revisar críticamente por qué no consiguió consolidar una transformación duradera.
Sin ese balance, existe el riesgo de que la oposición a Milei se limite a una reacción defensiva, sin capacidad para construir una alternativa de largo plazo.
La deuda argentina con su propio futuro
Las imágenes de la Marcha Universitaria muestran una sociedad que todavía conserva una enorme capacidad de movilización y resistencia. Miles de estudiantes, docentes, trabajadores y familias salen a defender la educación pública porque comprenden que allí también se juega su futuro.
Pero esas imágenes conviven con una contradicción más profunda: somos una sociedad capaz de movilizarse en defensa de sus derechos, pero con enormes dificultades para construir un programa compartido de país.
Desde 1810 hasta hoy, la Argentina arrastra disputas sobre la distribución de la riqueza, la organización del Estado, el modelo productivo y la relación con las potencias extranjeras. Esa historia no puede reducirse a una sucesión de enfrentamientos entre dirigentes. Expresa la dificultad para construir un proyecto nacional que integre los intereses de las mayorías, garantice el desarrollo y sostenga una política soberana.
La universidad pública, la industria nacional, el trabajo y nuestros recursos estratégicos forman parte de una misma discusión: qué capacidades necesita conservar la Argentina para decidir su propio destino.
La quinta Marcha Federal Universitaria es una expresión indispensable de resistencia frente al ajuste. Pero también debería servir para abrir una discusión más amplia sobre la democracia, la representación política y el futuro del país.
No alcanza con ganar elecciones, denunciar al adversario ni reivindicar el pasado. Hace falta construir un proyecto capaz de ofrecer respuestas concretas, recuperar las solidaridades sociales y devolverle a la política su capacidad de imaginar un porvenir.
La Argentina no ha aprendido todas las lecciones de su historia. El desafío es dejar de discutir solamente cómo llegamos hasta acá y empezar a construir, colectivamente, hacia dónde queremos ir.
