Claudio Astorga, un vecino de 39 años de Berazategui y miembro del movimiento Pueblo Unido, perdió la visión de un ojo tras ser alcanzado por un disparo de balas de goma durante una manifestación en reclamo de alimentos para comedores comunitarios realizado en CABA. La Asociación contra la Violencia Institucional confirmó el suceso y presentará una denuncia contra las autoridades responsables del operativo policial.
Según relató Cristóbal Marcioni, coordinador de Pueblo Unido, la tragedia ocurrió cuando Astorga se detuvo para ayudar a unas señoras atrapadas en la confusión de la manifestación de la semana pasada en el Congreso. En ese momento, la Policía disparó a la cara de Astorga, causándole graves heridas en el tabique y el párpado. A pesar de los intentos por salvar su visión, los médicos confirmaron que ha perdido la vista de forma permanente.
La denuncia presentada por la Asociación contra la Violencia Institucional apunta a esclarecer quién fue el responsable directo del disparo y qué instrucciones recibieron las fuerzas de seguridad durante el Operativo Antiprotesta. El abogado Matías Busso, representante de ACVI, advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad de evitar que casos como este se repitan en el futuro.
La falta de respuesta por parte de las autoridades generó indignación en la comunidad. Tanto Patricia Bullrich como Waldo Wolff elogiaron el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo, sin hacer mención a los manifestantes heridos. Este incidente se suma a una serie de casos similares en los que manifestantes han sufrido lesiones graves durante protestas en el país.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocará a una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre el caso. Su titular, Alejandro Gramajo, denunció la violencia ejercida por el gobierno de Milei y advirtió sobre el peligro que representa la represión para el ejercicio del derecho a la protesta.
En medio de la indignación y la preocupación por la escalada de violencia policial, organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad democrática reclaman una revisión urgente de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas.
