La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, donde se interiorizó sobre los elementos reunidos por la justicia en una investigación por espionaje del que habría sido víctima durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.
La ex mandataria permaneció en ese tribunal por espacio de tres horas, en las que estuvo acompañada por su abogado Carlos Beraldi y se reunió con el juez de ese distrito, Federico Villena, quien la había convocado la semana pasada.
Fuentes judiciales detallaron que el juez le exhibió a la ex mandataria fotos de seguimientos que le habían realizado, imágenes y detalles de conversaciones entre agentes de inteligencia en los que se hablaba de operaciones para espiarla.
Tras haber tomado contacto con parte de la prueba que indicaría que fue víctima de seguimientos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fuentes de su entorno descuentan que la ex jefa de Estado solicitará ser tenida por querellante, lo que la habilitaría a solicitar medidas de prueba, entre otras dirligencias.
Mientras se dirigía hasta Lomas de Zamora, este mediodía Fernández de Kirchner difundió un video a través de sus redes sociales, en el que sostuvo que la «la AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes».
La referencia al «atentado» tiene que ver con que el expediente del presunto espionaje comenzó a robustecerse a partir de la declaración de un supuesto narco detenido, Sergio «Verdura» Rodríguez, quien afirmó ante el juez Villena que había sido contratado por una agente de la AFI para «darle un susto» a un ex funcionario del Ministerio de Seguridad.
En el video, la vicepresidenta también cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no intervenir cuando se difundieron «en radio y en televisión, durante meses, anunciadas con bombos y platillos» las «ya célebres escuchas» de sus conversaciones con Oscar Parrilli.
«Si hubiesen sancionado responsables (de la divulgación de las escuchas de conversaciones privadas), es probable que esta causa no hubiese existido», dijo con su voz en off, en el video en el que pudieron verse las imágenes de las calles que recorrió al salir de su domicilio hasta el juzgado, desde el auto que la trasladaba.
El juez citó también al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a otras presuntas víctimas del espionaje que investiga en su juzgado para mostrarles la evidencia que existe sobre lo ocurrido con cada uno de ellos y darles la posibilidad de que se presenten como querellantes.
Rodríguez Larreta confirmó hoy, en declaraciones radiales, que esta semana concurrirá a los tribunales federales de Lomas de Zamora (podría ir mañana, según pudo saber Télam) para conocer la causa, aunque dijo estar «convencido» de que el ex presidente Macri «no tiene nada que ver».
«Esta semana me voy a presentar ante el juez que me citó en calidad de víctima; yo confío en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos y las responsabilidades», dijo en declaraciones a CNN Radio respecto de la convocatoria del juez Villena.
De la investigación judicial se desprende la existencia de una supuesta estructura dedicada a realizar maniobras de espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas encallada en el seno del Estado y vinculada a la AFI.
Según fuentes vinculadas al expediente, los integrantes de la organización investigada, «cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones».
Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran también monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño, el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
También habrían sido espiados, según fuentes del caso, el ex diputado Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera.
Otras víctimas serían el sacerdote José María «Pepe» Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.
