La denuncia que formuló horas atrás el diputado Rodolfo Tailhade en los tribunales de Comodoro Py es grave. Si se comprueba, podría quedar al desnudo una compleja red de empresas, testaferros, préstamos de bienes y sesiones de acciones para ocultar un intrincado entramado de supuesta corrupción bajo el ala del Ministerio de Producción y Trabajo de la gestión macrista y que sólo en 2019 habría colectado más de $1.000 millones. Esa denuncia puso como un eslabón clave a un conocido médico de Florencio Varela, el traumatólogo Sebastián Martín Bideberripe.
EL OLVIDO
Todo arrancó con Rodrigo Sbarra, quien se “olvidó” un sobre con US$10.000 en el despacho que ocupó como secretario de Coordinación de Producción, y fue señalado como uno de los encargados de recaudar esa caja pero, según la denuncia, sería tan solo un eslabón de un aceitado mecanismo.
El pasado 25 de febrero, los periodistas Alejandro Bercovich y Noelia Barral Grigera revelaron en C5N, la supuesta maraña de sociedades de cartón y el crecimiento fastuoso de la economía personal de Sbarra y sus asociados, informe que sirvió de base para la denuncia.
Según se detalló, el grupo de Sbarra creaba sociedades a nombre de supuestos testaferros –casi todos de Florencio Varela- y generaban miles de facturas de servicios al Estado. Sólo en la subsecretaría de Producción el grupo facturó mil millones de pesos en un año: el equivalente a 10 millones de dólares.
La escandalosa denuncia incluye como parte central a Sebastián Martín Bideberripe, un médico traumatólogo de Florencio Varela que en 2016 fue nombrado como director de administración del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y registra una denuncia por hechos similares a lo expuesto por Tailhade. En este caso, por la ONG Centro de Control de Políticas Públicas que, en 2017, lo acusó por la compra ficticia de artículos a Ferretería DZ, en Quilmes, que tiene como socio a Maximiliano Carlos Guida. Éste fue mano derecha del funcionario en cuestión en el INPI y posteriormente en el ministerio, también es de Varela y aparece vinculado a la denuncia.
Bideberripe hizo dupla con Sbarra, según la denuncia, en el sistema de recaudación ilegal.
Estuvo a cargo de la Coordinación Administrativa de Trabajo – cargo similar al que su compañero tenía en Producción – y ambos tuvieron a su cargo la autorización de pagos. Los dos respondían a Ignacio Pérez Rivas, el jefe de Gabinete de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, sobre el avance de la colecta.
Sebastián Martín Bideberripe fue designado como representante oficial del ministerio de la Producción en el consejo directivo del Organismo Argentino de Acreditación en 2018 y a finales de ese año asumió su puesto en la secretaría de Trabajo. Previo a ello, en octubre, constituyó la sociedad anónima simplificada Alvear 833 S.A.S., habilitada el 30 de agosto de 2019 por la municipalidad de Quilmes bajo el nombre de Boguá, un bar de tapas ubicado en el centro de esa localidad.
El negocio de las S.A.S. pareció rentable porque en abril de 2018, con 18 años de edad, una de sus hijas constituyó una de estas empresas, Danielita Bornaschella, en Berazategui, y figura como administradora suplente de Hudson Medical Aesthetics & Wellness Center S.A.S. Junto a su hermana Martina compraron, en septiembre de 2019, una propiedad en Hudson a Claudio Daniel Giménez, que fue apuntado como el valijero del entramado ilegal y testaferro de Sbarra.
Sbarra fue el presidente de la firma Arquigreen S.A. hasta febrero de 2017.
Se trata de una compañía familiar a la que renunció en esa fecha para ser reemplazado por Clarisa Camacci, su esposa, y Giménez como director suplente.
Como Bideberripe, Giménez también trabajó en el INPI hasta 2016 y tuvo el 16,7% de las acciones de Arquigreen. Sin embargo, según detalla la acusación, en septiembre de 2019 se produjo un conflicto dentro de la organización y el supuesto valijero se habría quedado con $40.000.000 de lo que recaudación ilegal. Ante esta situación, Sbarra y Bideberripe comenzaron a amenazar al supuesto testaferro hasta que sellaron la paz. Claudio Daniel Giménez se quedó con los cuarenta millones de pesos pero salió de Arquigreen y las sociedades anónimas simplificadas que el hombre del sobre armó para ocultar bienes y facturarle al ministerio de la Producción, según consta en el texto judicial. Así, las acciones volvieron al exfuncionario que las adquirió por la módica suma de $2.000, lo que parece parte de un acuerdo y no de una transacción comercial.
El contador amigo de Giménez, Santiago Javier Romero, también funcionó como supuesto testaferro de Sbarra, en este caso al frente de Depuración General Sustentable S.A.S. que dio, a modo de comodato, un Chevrolet Cruze 2018 a Maximiliano Guida, la mano derecha de Bideberripe. Guida vive en Florencio Varela, es licenciado en administración y en sus redes sociales asegura trabajar para “Estudio Integrar”. Lo llamativo es que una de las sociedades anónimas simplificadas que le facturó al Ministerio de Producción y Trabajo, según se desprende de la información proporcionada por las fuentes, es Produtecno que aportó como contacto el e-mail [email protected].
Los nombres se repiten. Puntualmente, se trata de Integrar Soluciones y Desarrollos S.A., una sociedad conformada por Guida, Sebastián Emanuel Pasqualino y Bernardo Martín Dellagiovanna en diciembre de 2016 y habilitada, en mayo de 2019 por la municipalidad de Quilmes, como local de venta de ropa en peatonal Rivadavia 111.
La mano derecha de Bideberripe también aparece en otras sociedades: Medibien S.A., creada el 23 de octubre de 2018 con Lucas Andrés Cottet, y como presidente de M.B.I.T. Insumos Textiles Comerciales el 28 de agosto de 2017. Giménez vuelve a sonar en el entramado mediante su hermano, Lucas Esequiel, quien figuraba como presidente de Desarrollos Digitales Globales S.A.S. Dicha sociedad, según el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, es propietaria de un Mercedes Benz Clase V8 dominio AD716PM, valuado en más de 100.000 dólares, que fue entregado en comodato a Sbarra.
Al cierre de esta edición impresa, el médico fue contactado para conocer su posición ante la denuncia formulada por el diputado nacional, pero no hubo respuestas.
