La situación presupuestaria en el sector público universitario continúa siendo alarmante. Esta semana, la que sumó un nuevo capítulo a la crisis fue la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela, situación que se dio a conocer a través de una declaración de su Consejo Superior.
“A partir de noviembre no está asegurado el pago de sueldos”, enfatiza el comunicado publicado el miércoles. El retraso en los salarios se acentuó este mes frente a las dificultades para abonar el medio aguinaldo, pero las dificultades provienen de larga data. En total, se estima que la deuda que el Ejecutivo mantiene con las universidades asciende, hasta ahora, a más de cuatro mil millones de pesos.
Esta semana, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) también decidió hacer pública las falencias presupuestarias por decisión del Consejo Superior. “Esta situación se convierte en insostenible si el gobierno sigue haciendo oído sordo a este reclamo, corriendo riesgo muchas facultades de poder seguir abriendo sus puertas”, señaló ese organismo, también en un comunicado público.
Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las casas de altos estudios, instó al gobierno a revertir la situación y a evitar la subejecución presupuestaria por tercer año consecutivo. Si bien hace poco más de dos semanas las autoridades del CIN se reunieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, no se llevaron más que promesas.
Como era previsible, la situación suma tensión mes a mes, en un contexto de alta inestabilidad económica, con una paritaria docente todavía no cerrada y un aumento magro del 15% para el personal administrativo y de servicios. De momento, con obras paralizadas, recorte de becas y dificultades para abonar los servicios básicos, se incrementa la presión de los trabajadores que temen por sus fuentes de trabajo.
Y ese, al mismo tiempo, será seguramente un foco de conflicto hacia fin de año, cuando se discuta el próximo presupuesto. Frente a la aguda crisis del sector, el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, lejos de aquietar las aguas, sumó hace algunos meses una nueva polémica.
A través del «Programa de Análisis de Dotaciones», dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público, el ministro promete optimizar el funcionamiento de las universidades. Los gremios, en cambio, denuncian que se trata en realidad de un plan de recorte de personal, como ya hiciera desde diciembre de 2015 en otras áreas del Estado.
