Seguirá detenido el agresor del colectivero de la Línea 500 de Varela

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El Juez de Garantías Diego Agüero no hizo lugar al pedido de la defensa del agresor del colectivero Franco Almirón, de la línea 500 de Florencio Varela, que sufrió fractura de cráneo, en Villa Vateone.

El hecho sucedió a fines de mayo de este año, después de un accidente de tránsito, que terminó con la agresión de un hombre, que golpeó al colectivero hasta nockearlo y cuando estaba tendido sobre el suelo, pateó la cabeza del indefenso trabajador, provocando fractura de cráneo y varios días de cuidados intensivos en una clínica privada.

La estrategia de la defensa fue pedir la detención domiciliaria del detenido, en una vivienda lejana a la del colectivero, con control de pulsera electrónica. El abogado particular planteó que se trata de un padre de familia, sin antecedentes penales, que estaba arrepentido del hecho y que necesitaba recomponer su relación familiar.

El fiscal de la causa, Hernán Bustos Rivas fue contundente, por escrito expresó que se oponía a cualquier tipo de morigeración que no sea la prisión común, ya que esperaba resultados médicos y había costado varias diligencias para lograr la detención del agresor.

Al momento de resolver, el Juzgado 6 recibió un informe de la división de monitoreo electrónico que podía conectarse la pulsera al detenido en su domicilio, pero el Juez Agüero, tuvo en cuenta los argumentos del fiscal, y concluyó que no encontraba motivos como para que Jonatan Romero espere el juicio en su casa, ya que estaba imputado de un delito que podía recibir pena de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo el acusado en el hecho, pegó desde atrás, luego del accidente de tránsito, y ya en el suelo y herido el chofer de colectivos, lo volvió a golpear en la cabeza hasta dejarlo inconsciente y salir corriendo del lugar, hasta que luego de varias semanas fue detenido por la DDI de Quilmes.

No sólo denegó la prisión domiciliaria, sino que el Juez de Garantías Diego Agüero, notificó al Jefe del Servicio Penitenciario para que en el plazo de 72 horas, aloje al detenido en una cárcel común, ya que tiene prisión preventiva firme por el delito de lesiones graves, cuya pena puede llegar hasta los seis años de prisión.

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