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Para Aysa la culpa del tarifazo la tiene Varela y los otros siete municipios que incorporó

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La empresa Aysa solicitó en Audiencia Pública un aumento del 26% sobre sus tarifas de servicios a partir del 1° de mayo, justificado por la suma de las proyecciones de inflación para 2018 y el aumento de costos de funcionamiento y mejoras.

El incremento fue puesto a consideración de la Audiencia a través de un documento presentado por Aysa, al que tuvo acceso Infosur, en el cual se destaca que el ajuste pretende «contrarrestar los efectos de la inflación y afrontar los déficit operativos derivados de la incorporación de 8 nuevos municipios al área de concesión».

Los ocho municipios a los que hace alusión la prestadora son Moreno, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Presidente Perón, Merlo y Florencio Varela.

«La incorporación de los nuevos partidos plantea un desafío para la sostenibilidad de los servicios, ya que se trata de áreas donde los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir los costos de la prestación», explicó el documento.

La ampliación del área concesionada implicó un fuerte impacto que «obligó a revisar integralmente los planes de la empresa debido a un incremento significativo de la superficie total de la concesión que pasó de 1.811 km2 a 2.949 km2 y la incorporación de 3,2 millones de habitantes», explicó Aysa.

Del 26% solicitado, 15% está en línea con las proyecciones inflacionarias para el 2018 y 11% corresponde al recupero gradual de equilibrio económico en OPEX (costos permanentes de funcionamiento), mantenimiento y mejoras.

Con el incremento, la tarifa mínima mensual pasará a costar $ 130 y la Social $ 65, mientras que el promedio se ubicará en $ 208 para el período de 30 días.

Entre los objetivos propuestos, la empresa plantea mejorar el servicio, tener tarifas equitativas reemplazando los subsidios generalizados por focalizados, avanzar en la concreción del plan de obras, garantizar las prestaciones en los municipios incorporados, ampliar el Programa de Tarifa Social y avanzar en el plan de consumo medido.

«Para el año 2018 se destinarán al Programa de Tarifa Social unos $ 720 millones para asegurar el acceso a cerca de 375.000 beneficiarios», indicaron.

La proposición incluye, además, un plan de implementación progresiva de reducción de descuentos, acompañada por una difusión simultánea de la tarifa social.

Sobre la quita de descuentos previstos originalmente para el 30 de abril, Aysa propuso «hacerlo gradualmente» en cuatro bimestres a partir de julio, «reduciendo en cada uno de ellos un 6,25%».

«La propuesta incluye un plan de implementación progresiva de reducción de los descuentos con difusión simultánea de la tarifa social a efectos de promover el acceso a aquellos usuarios que califiquen para la asistencia. Se propone la quita gradual de los descuentos tarifarios previstos originalmente para el 30 de abril de 2018, a lo largo de cuatro bimestres, a partir del 1° de julio y reduciendo en cada uno de ellos un 6,25%», detalló Aysa.

Esta quita gradual de descuentos «alcanza sólo a los usuarios residenciales localizados en las zonales 1,10, 1,30 y 1,45 del área original de la concesión, y equipara las tarifas de estas áreas con las tarifas de los nuevos partidos incorporados», precisó el documento.

«Estamos convencidos de que nuestra propuesta representa un avance concreto en la dirección de hacer lo necesario para dar cada día más y mejores servicios para todos con equidad, eficiencia, previsibilidad, profesionalismo y responsabilidad social», concluyó Aysa en su presentación ante la Audiencia Pública.

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