Hay apagones que dejan una ciudad a oscuras y otros que intentan dejar a una sociedad sin aquello que le permite pensar.
Capitán Cianuro
Buenos Aires acaba de vivir uno de esos apagones que nos recuerdan algo bastante elemental: la modernidad puede tener edificios inteligentes, teléfonos de última generación y discursos sobre libertad, pero basta que falle un interruptor para que miles de personas vuelvan, en segundos, a descubrir la fragilidad de aquello que damos por sentado.
El sábado 19 de septiembre, cerca de 600.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires quedaron sin electricidad. Barrios completos quedaron a oscuras, los semáforos dejaron de funcionar y el tránsito se transformó en una pequeña demostración de lo que ocurre cuando una infraestructura esencial deja de responder. Edenor informó posteriormente que el origen estuvo en una falla de un interruptor de 220 kilovoltios en la subestación Malaver, en San Martín, y ahora corresponde determinar las responsabilidades y si existieron incumplimientos de las empresas involucradas. Conviene decirlo sin trampas: no sería serio afirmar que el apagón fue provocado directamente por Javier Milei. Una falla técnica es una falla técnica. Pero tampoco sería serio utilizar la falla técnica para evitar la discusión política.
Porque gobernar también significa decidir cuánto se invierte, qué se regula, qué se controla, qué se mantiene y qué se considera prioritario. Y ahí aparece Milei. Su proyecto político se construye alrededor de una reducción drástica del papel del Estado, del ajuste fiscal y de la idea de que el mercado debe ocupar un espacio mucho mayor. Esa transformación no es una interpretación ajena: forma parte del corazón declarado de su programa económico. El problema aparece cuando una sociedad empieza a preguntarse qué ocurre con aquello que no siempre produce ganancias inmediatas, pero resulta indispensable para vivir colectivamente. Una red eléctrica necesita inversión, mantenimiento y regulación. Una universidad también. Un museo también. Una biblioteca también. Una orquesta también. La ciencia también.
Y aquí aparece el segundo apagón: el apagón cultural. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno mantiene Educación y Cultura por debajo de los niveles de 2023, mientras distintos análisis presupuestarios han advertido sobre la pérdida de recursos reales para áreas como universidades, becas, comedores, ciencia y cultura. El debate, por tanto, no consiste solamente en cuánto dinero existe, sino en qué decide hacer un Gobierno con el dinero que tiene. Porque todo presupuesto es también una declaración política: muestra qué se considera urgente, qué se considera importante y qué puede quedar esperando. La cultura no es un adorno para los tiempos de prosperidad. No es el florero que se coloca sobre la mesa cuando sobra dinero. Es memoria, pensamiento, identidad, imaginación, crítica y capacidad de preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. Y justamente ahí las extremas derechas suelen tener una relación incómoda con la cultura. No necesariamente porque quieran quemar libros en una plaza, eso sería demasiado fácil y pertenece a otra época, sino mediante mecanismos mucho más contemporáneos: quitar recursos, deslegitimar instituciones, presentar a artistas e intelectuales como privilegiados, convertir la cultura en un gasto prescindible y repetir hasta el cansancio que «no hay plata».
La frase parece económica, pero toda decisión presupuestaria también es una decisión cultural. Cuando un Gobierno decide qué financiar y qué dejar caer, está dibujando una idea de sociedad. No se trata de decir que un submarino equivale a un libro, porque sería una comparación absurda. Se trata de preguntarnos qué considera imprescindible una sociedad y qué considera descartable. El mercado puede vender libros, entradas de cine, conciertos y obras de arte, pero no necesariamente financia aquello que una sociedad necesita conservar aunque no sea rentable. La memoria de una dictadura no siempre genera ganancias. Un archivo histórico tampoco. Una biblioteca pública tampoco. La investigación científica básica puede tardar décadas en producir resultados. Y la poesía, directamente, parece haber nacido para molestar a cualquier contador.
Por eso el concepto de apagón cultural no es solamente una metáfora bonita para cerrar una columna. Una sociedad puede acostumbrarse a que la cultura sea secundaria, a que pensar sea un lujo, a que la memoria sea una molestia y a que todo aquello que no tenga rentabilidad inmediata sea enviado al depósito de las cosas prescindibles. Y cuando eso ocurre, la oscuridad ya no necesita cortar la electricidad: comienza a trabajar desde adentro, lentamente, casi sin ruido, hasta que una generación empieza a creer que vivir consiste únicamente en producir, consumir y pagar las cuentas.
El primer apagón deja calles oscuras. El segundo puede dejar cabezas oscuras. El primero se soluciona reparando una instalación, reemplazando un interruptor y exigiendo responsabilidades. El segundo es mucho más peligroso porque puede convertirse en costumbre. Una ciudad puede volver a encender sus semáforos después de una falla eléctrica; lo verdaderamente difícil es volver a encender una sociedad que ha dejado de preguntarse, de recordar, de crear y de discutir.
Por eso existen dos maneras de apagar la luz. Una ocurre cuando falla la electricidad. La otra ocurre cuando un país comienza a apagar lentamente su capacidad de imaginar, recordar, cuestionar y crear. La primera deja a Buenos Aires sin semáforos. La segunda puede dejar a una sociedad sin dirección. Y quizá ahí esté la paradoja más grande: mientras algunos gobiernos prometen liberar a la sociedad de todo aquello que consideran innecesario, terminan enfrentándose a una pregunta mucho más antigua que cualquier ideología económica: ¿qué queda de un país cuando empieza a considerar innecesario aquello que le permite pensar?
Porque una ciudad puede volver a encenderse. Una cultura apagada tarda muchísimo más.
