La región uigur concentra el 92,8% del algodón chino y cerca de una cuarta parte de la producción mundial. Mientras acelera su desarrollo económico, Beijing aplica una nueva ley de unidad étnica y responde a las acusaciones de Occidente.
Por Fernando Capotondo
En Xinjiang, el algodón crece donde debería crecer otra cosa, o directamente nada. Buena parte del lejano oeste chino se reparte entre enormes desiertos y cadenas montañosas, que durante años dificultaron cualquier pretensión de desarrollar una agricultura más o menos decente en términos industriales. Sin embargo, la zona finalmente se convirtió en el corazón algodonero del país, por obra y gracia de tres décadas de fuertes subsidios e inversiones. Solo en 2025 produjo 6,165 millones de toneladas, el 92,8% de la cosecha nacional, informó el Buró Nacional de Estadísticas de China. Además, también podría decirse que aporta una cuarta parte del algodón del planeta, según se desprende del cruce de los registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con las estimaciones del mercado mundial.
En julio entró en vigencia el Reglamento de Promoción de la Calidad del Algodón de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, un interminable nombre para una regulación que se presentó como histórica y que pretende recorrer hasta el más insignificante capítulo del proceso productivo; desde la siembra y la cosecha hasta la compra, el procesamiento, la comercialización y el almacenamiento.
«La regulación reviste gran importancia para mejorar la calidad del algodón, salvaguardar la estabilidad de la cadena industrial textil y aumentar los ingresos de los grupos étnicos de la región», resumió Mailiyan Simayi, subsecretaria general y portavoz del comité permanente de la Asamblea Popular de Xinjiang.
Durante décadas, la cosecha del algodón dependió del trabajo brazo a brazo en los campos de Xinjiang. Hoy las máquinas especializadas ocupan ese lugar y la mecanización supera el 97%, en una transformación que dice mucho sobre el modelo que busca imponer Beijing. Detrás de este salto tecnológico opera la billetera del Estado. Las empresas públicas bajo control del gobierno central inyectaron cerca de 1,1 billones de yuanes durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), sosteniendo una economía regional que el año pasado cerró con un producto bruto de 2,146 billones de yuanes y un crecimiento del 5,5%.
Desde la Comisión Nacional de Asuntos Étnicos tradujeron toda esa marea de recursos en datos concretos de ingeniería social: 2,392 millones de nuevos empleos urbanos en cinco años y 16,1 millones de desplazamientos de trabajadores agrícolas hacia otros polos productivos. En el mismo lapso, el ingreso disponible en los hogares creció a un promedio anual del 5,3% en las ciudades y del 8,1% en el campo.
En esta planificación la geografía jugó su propio partido. Xinjiang limita con ocho países y funciona como una de las principales puertas terrestres de China hacia Asia Central. Más de la mitad de los trenes de carga que recorrieron el noroeste del país durante los últimos cinco años atravesaron la región. El aeropuerto internacional de Urumqi, por su parte, opera 37 rutas internacionales de carga. En los últimos días de 2025 abrió el túnel de carretera Tianshan Shengli, de 22,13 kilómetros, considerado el más largo del mundo. El cruce, que antes podía llevar varias horas, ahora se completa en unos 20 minutos.
La apertura territorial tuvo su correlato en el mapa del turismo: 323 millones de viajes durante el año pasado y una caja de 53.000 millones de dólares (370.000 millones de yuanes). Entre circuitos de frontera, infraestructura de transporte y la denominada industria de la hospitalidad, los cálculos del sector hablan de más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos.
El desarrollo económico, sin embargo, no apagó el ruido de fondo de la polémica internacional.
El frente étnico
El 12 de marzo, China aprobó la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, vigente desde el 1° de julio. La norma institucionaliza el concepto de una identidad nacional compartida y abarca desde la educación y la cultura hasta las condiciones de empleo, vivienda y desplazamientos territoriales. También garantiza el respeto por las lenguas minoritarias, aunque consolida el uso prioritario del mandarín estándar.
Desde Occidente cuestionaron, sobre todo, que se pudiera extender la jurisdicción legal china en el extranjero, en caso de detectarse eventuales ataques a la unidad étnica o acciones a favor del separatismo. La respuesta de Beijing fue inmediata. Bayin Chaolu, titular de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Popular Nacional, sostuvo que este tipo de denuncias carecen de sustento y constituyen una injerencia directa en la política interna china. En esa misma línea, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, atribuyó los cuestionamientos a «prejuicios ideológicos» destinados a desacreditar a China.
A ello se sumó la reciente decisión de la administración Trump de incorporar otras 43 empresas chinas a la lista de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur. Desde el Ministerio de Comercio chino la rechazaron y respondieron que Washington suele apelar a este tipo de maniobras como represalias a quienes no están dispuestos a seguir sus órdenes. Más allá del cruce dialéctico, para las compañías vinculadas con Xinjiang la medida tuvo un efecto práctico paradójico: tienen restricciones de acceso al mercado estadounidense, es verdad, pero pueden seguir haciendo negocios con casi 200 países y territorios del mundo.
El algodón puede ser suave. La disputa alrededor de Xinjiang, no.
