¿CONVICCIÓN O RECHAZO? CRISIS DE REPRESENTACIÓN EN EL PERÚ

Después de una elección percibida por amplios sectores ciudadanos como un proceso cuestionado y atravesado por la desconfianza, resulta inevitable reflexionar sobre el estado de la democracia peruana. Cuando el conteo de votos se extiende durante días, las impugnaciones y denuncias se acumulan y la sospecha se instala en la opinión pública, una parte significativa de la ciudadanía deja de percibir el proceso electoral como transparente y concluyente. En esos momentos, más allá de quién resulte vencedor, lo que está en juego es algo más profundo: la confianza de la población en sus propias instituciones democráticas.

Capitán Cianuro 

La democracia no se fortalece únicamente con la realización periódica de elecciones. Su solidez depende de la certeza de que las reglas son claras, de que los organismos encargados de administrarlas actúan con imparcialidad y de que los resultados reflejan fielmente la voluntad popular. Cuando una parte importante de la sociedad percibe irregularidades o ausencia de transparencia, el resultado puede ser formalmente legal, pero difícilmente será considerado legítimo por todos.

Por eso, los llamados a la unidad nacional que suelen surgir al término de una elección no siempre encuentran eco en la ciudadanía. La unidad no puede decretarse ni edificarse sobre la desconfianza. Tampoco puede exigirse a quienes consideran que el proceso estuvo marcado por errores, inconsistencias o actuaciones cuestionables. La reconciliación democrática exige, ante todo, credibilidad institucional y la convicción compartida de que todos compitieron bajo las mismas reglas.

Sin embargo, reducir la crisis peruana a las controversias de un proceso electoral sería simplificar un problema mucho más hondo. Lo que el Perú atraviesa desde hace años es una crisis estructural de representación política. Los liderazgos son cada vez más frágiles, los partidos carecen de arraigo ciudadano y la fragmentación del sistema político impide la construcción de consensos nacionales duraderos.

Basta observar que una elección presidencial puede arrancar con treinta y cinco candidatos disputando la primera vuelta. Lejos de ser una señal de vitalidad democrática, esa dispersión revela la incapacidad del sistema para articular proyectos amplios y sólidos. En un escenario tan atomizado, quienes avanzan a la segunda vuelta lo hacen con porcentajes de apoyo relativamente modestos. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, alcanzó apenas alrededor del 16% en la primera vuelta —cifra suficiente para clasificar al balotaje, pero insuficiente para sostener que existía una mayoría social real detrás de su candidatura.

Las cifras de participación aportan elementos igualmente reveladores. De un padrón cercano a los 27 millones de electores, aproximadamente 24 millones concurrieron a votar en la primera vuelta. No obstante, al examinar la segunda vuelta aparece un dato inquietante: cerca de 10 millones de ciudadanos terminaron sin expresar una preferencia efectiva por ninguno de los dos finalistas, ya sea por abstención, voto nulo o voto en blanco. En consecuencia, solo alrededor de 17 millones manifestaron una inclinación directa por alguna de las dos opciones en disputa.

Esta realidad obliga a mirar más allá de los porcentajes oficiales. Aunque el ganador obtiene la mayoría de los votos válidamente emitidos, eso no equivale a contar con el respaldo mayoritario del conjunto de ciudadanos habilitados para votar. En términos políticos, el dato revela una democracia donde el descontento, la apatía y la falta de identificación con las opciones disponibles alcanzan niveles preocupantes.

La pregunta fundamental es, entonces, por quién vota realmente el peruano. ¿Lo hace por convicción —porque cree en un programa de gobierno, en una visión de país, en un liderazgo capaz de conducirlo— o vota principalmente para impedir que llegue al poder el candidato que considera más perjudicial? La respuesta parece inclinarse cada vez con mayor claridad hacia esta segunda alternativa.

Cuando las elecciones se convierten en una competencia entre rechazos, la democracia pierde una parte esencial de su sentido. Los ciudadanos dejan de elegir el futuro que desean y terminan optando por lo que consideran el mal menor. Se vota contra alguien más que a favor de alguien. Y cuando esa lógica se consolida, los gobiernos nacen con una legitimidad debilitada, enfrentan niveles crecientes de polarización y encuentran enormes dificultades para construir acuerdos.

El resultado es un círculo vicioso: la ausencia de liderazgos sólidos genera desconfianza; la desconfianza produce fragmentación; la fragmentación conduce a gobiernos débiles; y los gobiernos débiles profundizan el desencanto ciudadano. Mientras ese ciclo no se interrumpa, el Perú seguirá enfrentando procesos electorales marcados por la incertidumbre, la confrontación y la sensación de que la democracia no logra responder a las expectativas de quienes deberían ser sus principales beneficiarios: los propios ciudadanos.

Más allá de quién gane cada elección, el verdadero desafío peruano es reconstruir la confianza en las instituciones, fortalecer los partidos políticos y recuperar la capacidad de generar liderazgos que convoquen adhesiones genuinas. Porque una democracia sana no es aquella en que los ciudadanos votan por temor al adversario, sino aquella en que votan con la esperanza de construir un futuro mejor.