La investigación que derivó en la detención del comisario de la Seccional Tercera de Florencio Varela y de personal de calle suma nuevos elementos y empieza a delinear una trama compleja, marcada por denuncias de presuntas irregularidades durante un procedimiento policial.
De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, el origen del expediente se remonta a fines de marzo, cuando un hombre fue interceptado en la vía pública por efectivos del Grupo de Policía Motorizada (GPM). El procedimiento inicial, según indicaron, debía derivar en su traslado a la comisaría para la realización de las actuaciones correspondientes.
Sin embargo, en ese momento se habrían presentado integrantes del servicio de calle de la Comisaría Tercera, quienes tomaron intervención en el operativo.
A partir de allí, siempre según la reconstrucción judicial, comenzaron a surgir inconsistencias. La denuncia sostiene que durante el procedimiento se habrían secuestrado distintos elementos, entre ellos droga, dinero y joyas, aunque no todos habrían sido registrados en las actuaciones oficiales.
Uno de los puntos centrales del expediente es la existencia de actas contradictorias. Mientras una primera intervención habría dejado constancia de todos los elementos incautados, una segunda acta —incorporada posteriormente— omitiría parte de esos objetos, lo que encendió las alertas dentro de la investigación.
En paralelo, también se investiga un presunto procedimiento realizado en el domicilio de una persona vinculada al detenido, donde, según consta en la denuncia, se habría exigido una suma de dinero a cambio de una supuesta liberación.
Estos elementos fueron clave para que la fiscalía avanzara con una serie de medidas que incluyeron allanamientos y detenciones, alcanzando tanto al titular de la dependencia como a efectivos del área operativa.
Fuentes cercanas al expediente indicaron que los testimonios recogidos, incluyendo los de personal policial que participó del procedimiento inicial, resultaron determinantes para profundizar la investigación.
El caso, que se encuentra en pleno desarrollo, no descarta nuevas imputaciones y podría escalar dentro de la estructura de la fuerza, en un contexto donde vuelven a quedar bajo la lupa los mecanismos de control interno.
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