El Municipio de Quilmes formalizó una denuncia ante la justicia federal contra los organizadores de la denominada «Not Covid Party», un encuentro clandestino para «recuperados de coronavirus», mientras que uno de sus organizadores aseguró que la intención era un encuentro virtual.
A través de un comunicado de prensa, la jefatura comunal a cargo de Mayra Mendoza había informado sobre «una convocatoria» que se había desarrollado «por redes sociales para participar de una fiesta clandestina denominada ‘Not Covid Party’, prevista para el 4 de julio y dirigida a pacientes recuperados de la Covid-19», y por ello formalizó una denuncia en el juzgado a cargo de Luis Armella con el objetivo de imputar delitos contra la salud y el orden público a los organizadores.
En ese sentido, las autoridades municipales señalan que una fiesta de tales características viola las medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia y promueve la diseminación de una enfermedad contagiosa.
La denuncia también pide la imputación por apología del delito y desobediencia a funcionarios públicos.
Según se explica en la presentación, desde la agencia de fiscalización y control comunal se comunicaron con uno de los organizadores «para explicarle las consecuencias penales que tenía realizar la fiesta, pero que este manifestó ‘estar bien asesorado’ y dijo que iba a realizarla de todos modos».
La persona aludida en la denuncia, Nicolás Waigand, dialogó esta mañana con la señal de noticias A24, dónde dijo que la intención era realizar un encuentro por Zoom con un delivery de bebidas para colaborar con los «dueños de los boliches» con los que trabaja habitualmente.
«Somos tres organizadores, tenemos un equipo de (relaciones) públicas, un equipo de promotoras que hace más de 100 días que estamos todos parados», dijo Waigand.
Según explicó, la modalidad incluiría la entrega de un precinto de acceso, tal como se usa en los boliches, para poder ingresar a la sala de Zoom en la que se desarrollaría la fiesta y que las «promos de tragos en barra» informados en la convocatoria de la fiesta serían entregados a domicilio.
Las autoridades locales sostienen que «la sola promoción o, en mayor medida, la realización de la fiesta implican un incumplimiento al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández» y «representa un uso irresponsable de las redes sociales a través de la viralización de contenidos que fomentan conductas nocivas para la salud y seguridad de los vecinos».
Entre otras medidas, se pide dar intervención al Ministerio Público Fiscal, precisamente la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a fin de localizar las direcciones IP intervinientes de las publicaciones que promocionaron la fiesta en Internet, y se dé intervención a la AFIP para precisar si existe una posible maniobra de evasión impositiva.
