Los conmocionantes casos de Francisco Cruz y Carlos Ibañez
Hace tiempo que los casos conmocionantes se vienen amontonando en Florencio Varela, como los de Lucas Escalante y Lautaro Morello, como una pila de expedientes que van ganado color amarillo e impunidad. Es el cóctel explosivo de esa mezcla histórica de una policía viciada con una justicia lenta e idiota.
El joven Francisco Valentín Cruz, de la localidad de Ingeniero Allan, fue detenido en marzo del 2020 por personal de la Patrulla de Comando de Florencio Varela cuando intentaba ingresar a una casa del barrio. Estaba en tratamiento psiquiátrico y en ese momento padecía una descompensación. Lo subieron al patrullero y días después apareció muerto, ahogado con brea en una cava del barrio Hudson. A comienzos de abril de ese mismo año, el de la pandemia, otro hombre de Ingeniero Allan, Carlos Ibáñez, con epilepsia y leve retraso madurativo, fue visto por última vez mientras lo asistían efectivos de la Comisaría Sexta y personal del SAME. En ambas causas, las dilaciones, parcialidad en favor de la policía e irregularidades durante la investigación por parte de la Fiscalía 1 fueron los motivos para que la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) -que patrocina a las familias de Cruz e Ibáñez- denunciara en esa época al fiscal Darío Provisionato ante el procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Una denuncia que nunca avanzó, aunque después la causa de Ibañez pasó a manos de Nuria Gutiérrez que sí apartó a la bonaerense de la investigación.
Provisionato fue el fiscal que tomó en primera instancia la causa por la Masacre de Florencio Varela, aquellas chicas que fueran baleadas a quemarropas en la avenida Senzabello, y después la tuvo que abandonar por las denuncias de su pareja con cuestiones de género.
Aquella causa de la masacre la terminó tomando otra fiscal que se la pasó a su vez a Mariana Dongiovani, que ahora tiene a su cargo la investigación por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas, que también terminó delegando en la Justicia de menores.
Volviendo a los casos Cruz e Ibañez, para la CPM, “ambos casos exhiben, por un lado, la intervención desmedida, violenta y sin control que ejercen las fuerzas policiales frente a personas que requieren asistencia en la vía pública, y por otro, los casi inexistentes estándares investigativos con que la Fiscalía ha abordado la instrucción de estas causas. Estos extremos denunciados, lamentablemente, se han visto potenciados en el marco de la pandemia y etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio en el que las fuerzas de seguridad vieron ampliadas sus tareas de control en los espacios públicos”.
Es que los policías que subieron a Cruz a un patrullero declararon, en forma insólita, que lo dejaron en una parada de colectivos para que tomara el 324. Un lugar oscuro y a contramano de su casa. Sólo la Justicia de Varela puede dar por cierto una cuestión así sin investigar.
El escrito presentado en julio del 2020 advirtió que el mismo 15 de marzo, cuando Esther Quijano realizó la denuncia por la aprehensión ilegal y desaparición de su hermano Francisco Cruz, la Fiscalía ya disponía de información sobre la intervención policial, la que no pareció haber sido advertida “por el agente fiscal, quien se valía, para la toma de decisiones, exclusivamente de la información obtenida mediante comunicación telefónica realizada por la Comisaría Sexta a fin de anoticiarlo de la desaparición de Francisco Cruz. Circunstancia que hubiera podido evitarse de aplicar la Resolución 1390”.
O sea, el mismo día que detuvieron a Cruz fue cuando su familia radicó la denuncia de averiguación de paradero, pero los efectivos omitieron informar a la fiscalía que la persona buscada era la que habían aprehendido.
Paralelamente a la trama de irregularidades, omisiones y demoras de esta causa, el 23 de mayo el Programa de Litigio Estratégico de la CPM se entera, por parte de la familia de Cruz, que otra madre de la misma localidad se encontraba buscando a su hijo, desaparecido desde el 5 de abril, “conociéndose por denuncias de vecinos en redes sociales de la zona que se habría descompensado a escasos metros de la Comisaría Sexta, siendo asistido por funcionarios de la dependencia y trasladado por el SAME”.
Petronila, la madre de Carlos, tuvo que padecer un periplo interminable y el ocultamiento de información por parte de la Comisaría Sexta: recién el 11 de mayo del 2020 el oficial Nicolás Rodríguez le informa que Carlos había sido asistido por personal de esa dependencia cuando convulsionaba en la vía pública el 5 de abril y que había sido derivado al Hospital Mi Pueblo.
Pero en el hospital le informaron que aquél día no había ingresado ninguna persona con las características de identificación de su hijo. Petronila se descompensó y pudo retomar la búsqueda recién a la semana siguiente, cuando se dirigió nuevamente a la Comisaría Sexta para formular la denuncia por averiguación de paradero.
“Finalmente el 25 de mayo Carlos ‘aparece’. La sola compulsa del registro informático del Ministerio Público hubiera bastado para detectar que en la UFIyJ 4, ubicada en el mismo edificio, se encontraban investigando desde el día 12 de abril el hallazgo de un NN fallecido que provenía del Hospital Mi Pueblo y que había ingresado ese 5 de Abril”, agrega la denuncia de la CPM.
