La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires pidió al Ejecutivo que tome medidas para atenuar el impacto de la pandemia del coronavirus en las unidades penales. En las unidades penales. “Si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones”. El reclamo se suma al que realizaron el viernes pasado un grupo de 13 defensores generales bonaerenses que formalizaron el pedido de una conmutación de penas a través de una carta dirigida al gobernador Kicillof.
En un documento titulado “La pandemia no admite mezquindades”, los jueces recordaron que vienen denunciando la superpoblación penales bonaerenses y, particularmente, sus consecuencias. En esa línea, además, detallaron distintos fallos de la Corte Suprema de la Nación, de la Suprema Corte bonaerense y del Tribunal de Casación que buscaron paliar el estado de hacinamiento en cárceles.
“Pese a ello las legislaturas nacional y provincial, han aumentado penas y ampliado las prisiones preventivas, sin el correspondiente aumento de los lugares de detención por parte del Poder Ejecutivo”, señalaron.
La entidad puntualizó que “desde el 17 de marzo, pese a todas las restricciones impuestas por la cuarentena, los jueces penales bonaerenses tramitaron miles de causas, trasladando fuera de las penitenciarías 2267 internos”. No obstante, alertaron que “sstá lejos de resolverse el problema: existen 24.000 cupos para más de 41.000 detenidos”.
“Los tiempos necesarios para revisar las particularidades de decenas de miles de causas, imposibilita solucionar por esta vía el riesgo de contagio”, explicaron los magistrados. El documento lo firman Mario Daniel Caputo (juez de Quilmes) y Pedro Rodríguez (Morón), presidente y secretario de la Red de Jueces Penales bonaerenses.
En tanto, la Red de Jueces aseveró que “la solución a una crisis social nunca es jurídica. Administrar coyunturas excepcionales es resorte de los poderes políticos; el judicial solo resuelve conflictos particulares”. Luego, en línea con un pedido realizado el viernes último por defensores generales bonaerenses, los magistrados plantearon que “si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones”.
En tanto, propusieron como posible alternativa “adoptar medidas sanitarias en las unidades y derivar a centros preparados a los internos contagiados”. Y resaltaron: “La crisis no se resuelve derivando culpas a otros poderes”. “Los jueces nos ocupamos de la emergencia en el marco de nuestras competencias. Pero es claro que no sancionamos, ni modificamos, ni derogamos leyes. Tampoco diseñamos la política criminal, no administramos la cárcel, ni proveemos seguridad; carecemos de recursos y fueros para disponer las acciones ejecutivas necesarias y urgentes. Solo podemos aplicar la ley”, finalizaron los integrantes de la Red de Jueces Penal bonaerenes.
