La presentación judicial sostiene que un interno habría tenido acceso a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento de la Unidad 31 de Florencio Varela, donde supuestamente utilizaba computadoras oficiales, accedía a información penitenciaria y confeccionaba avales de traslado cuestionados. La denuncia pide pericias sobre los equipos, los accesos informáticos y los sellos utilizados. ¿Hubo documentación elaborada dentro de una oficina estatal que terminó en los juzgados?
Una oficina estatal en el centro de la denuncia
Hay una oficina dentro de la Unidad 31 de Florencio Varela que ocupa un lugar central en la denuncia presentada ante la Justicia de Florencio Varela, departamento de Quilmes.
Es la Oficina de Ayudantía y Tratamiento.
Según el escrito, allí habría ocurrido una situación que, de comprobarse, modificaría sustancialmente la gravedad del caso: un interno habría tenido acceso a las instalaciones, a computadoras oficiales y a información de otros detenidos.
La denuncia sostiene tendría incluso las llaves físicas de acceso a la oficina y que ingresaría en distintos horarios, incluidos momentos nocturnos y de madrugada.
A partir de allí aparece una de las acusaciones más sensibles de toda la presentación: la supuesta confección de “avales de traslado” falsos.
Pero hay una diferencia fundamental entre lo que denuncia el escrito y lo que está probado.
La denuncia afirma que ocurrió. La investigación judicial deberá determinar si efectivamente ocurrió.
¿Qué es lo que supuestamente hacía el interno?
El relato presentado ante la UFI 9 de Florencio Varela describe una secuencia concreta.
Según la denuncia, el interno debidamente identificado ingresaba a la oficina, encendía los ordenadores oficiales y accedía a bases de datos que contendrían información filiatoria, registros criminológicos y legajos de personas privadas de su libertad.
Desde esas terminales, siempre según la acusación, habría confeccionado solicitudes de traslado que presentaban como motivo supuestos “graves problemas de convivencia”.
El escrito sostiene además que en esos documentos se habrían utilizado firmas atribuidas a funcionarios y sellos oficiales.
La acusación incluye específicamente el denominado “Sello Medalla” de la institución penitenciaria.
Si esta hipótesis fuera corroborada, el problema excedería ampliamente una disputa entre internos.
La pregunta sería entonces si documentación producida dentro de una dependencia oficial pudo haber sido utilizada para provocar decisiones administrativas y eventualmente judiciales sobre personas privadas de su libertad.
La expulsión como mecanismo de castigo en la Unidad 31
La denuncia vincula el supuesto funcionamiento de ese mecanismo con otro de los ejes de la investigación: la expulsión de internos que se resistían a las reglas impuestas por “La Comitiva”.
Según el escrito, los referentes del pabellón decidirían qué interno debía ser apartado y luego se activaría una instancia burocrática para justificar formalmente el traslado.
El mecanismo denunciado sería el siguiente:
conflicto dentro del pabellón → agresión o presión → supuesto problema de convivencia → pedido de traslado → documentación oficial → intervención judicial.
La presentación incluso afirma que algunos internos habrían sido enviados a otras unidades luego de este procedimiento.
Pero esa cadena todavía necesita ser demostrada documentalmente.
Hay dos internos que la denuncia pide citar
En este punto aparece una de las posibilidades más importantes para una investigación independiente.
La propia presentación solicita que sean citados como testigos dos internos que habrían sido trasladados después de episodios de violencia:
- M. G., actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 9 de La Plata.
- A. L, alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 36 de Magdalena.
El escrito sostiene que ambos podrían aportar información sobre una supuesta golpiza y sobre las maniobras de documentación vinculadas con sus posteriores traslados.
La prueba que la propia denuncia pide buscar
Hay algo particularmente llamativo en esta parte del expediente.
La presentación no se limita a afirmar que existen computadoras y registros.
Pide expresamente un allanamiento de la Oficina de Ayudantía y Tratamiento, el secuestro de los ordenadores y la realización de pericias informáticas.
El objetivo solicitado es verificar los accesos atribuidos al preso, determinar el uso de claves oficiales y analizar la presunta falsificación de firmas y sellos.
Esto convierte a la oficina en una suerte de escena documental.
Porque si la acusación tiene sustento, podrían existir rastros:
- usuarios;
- horarios de acceso;
- registros informáticos;
- archivos creados o modificados;
- documentos impresos;
- metadatos;
- cámaras;
- registros de ingreso;
- huellas;
- firmas;
- sellos.
La diferencia entre una acusación difícil de comprobar y una investigación documental puede estar allí.
Los avales que llegaron a los juzgados
La denuncia sostiene que los documentos presuntamente confeccionados en la oficina no quedaban dentro del penal.
Según el escrito, esos avales eran elevados a los juzgados y tribunales correspondientes a los internos afectados para respaldar los pedidos de traslado.
Si esto pudiera comprobarse, aparecería una segunda fuente documental completamente independiente del penal.
Los expedientes judiciales podrían permitir reconstruir:
quién pidió el traslado, qué motivo invocó, qué documentación acompañó, quién firmó, qué funcionario intervino y qué decidió finalmente el juez.
Y allí aparece una de las preguntas centrales de esta investigación:
¿Los documentos que llegaron a los juzgados fueron efectivamente confeccionados por quienes figuraban como sus autores?
Un dato que podría ser decisivo: los accesos informáticos
La denuncia afirma que el interno habría utilizado las claves de funcionarios identificados en la presentación.
Pero esto no puede establecerse a partir del escrito.
Necesitaría una prueba técnica.
Por eso el pedido de peritaje informático adquiere tanta importancia.
Si existen registros de acceso, podrían establecer:
- qué usuario ingresó;
- desde qué terminal;
- en qué fecha;
- a qué hora;
- qué sistema utilizó;
- qué información consultó;
- qué documentos generó o modificó.
Y si no existen esos registros, también será un dato relevante.
La ausencia de una huella informática no prueba por sí misma que el hecho no ocurrió, pero puede modificar sustancialmente la posibilidad de corroborarlo.
La denuncia también habla de sellos y firmas
Otro aspecto particularmente delicado es el supuesto uso de elementos oficiales.
El escrito menciona firmas presuntamente apócrifas y el uso del Sello Medalla de la institución penitenciaria.
Esto abre una segunda vía de comprobación.
Una pericia documental podría determinar:
- autenticidad de las firmas;
- características de los sellos;
- fecha de elaboración;
- correspondencia entre el documento y los registros oficiales;
- y eventualmente quién imprimió o generó la documentación.
La denuncia incluso solicita que se investigue específicamente este aspecto.
Una hipótesis que conecta varios capítulos
El supuesto mecanismo de los avales no aparece aislado en la presentación.
Está conectado con otras acusaciones:
control de los internos → cobros → conflictos → represalias → expulsiones → traslados.
Y también con el capítulo anterior de esta investigación.
La denuncia sostiene que uno de los conflictos relacionados con el control de una antena Starlink habría terminado con la expulsión de un interno y que contra otro de los involucrados se habrían intentado impulsar traslados mediante documentación cuestionada.
Por ahora, esa conexión forma parte de la hipótesis denunciada.
La computadora como punto de partida
Hay una paradoja en el corazón de esta denuncia.
El supuesto “escribano” clandestino no necesitaría, según el relato presentado, una estructura sofisticada.
Le alcanzaría con algo mucho más simple:
una oficina estatal, una computadora, una clave, documentación y sellos.
Por eso, esta historia no se resolverá solamente preguntando qué dicen los internos.
La respuesta puede estar dentro de los propios sistemas del Estado.
Qué debería comprobar la Justicia
La presentación pide distintas medidas para verificar esta parte de la denuncia.
Entre ellas:
1. Allanamiento de la Oficina de Ayudantía.
2. Secuestro de las computadoras oficiales.
3. Pericias informáticas.
4. Análisis de los accesos a los sistemas.
5. Investigación sobre las claves utilizadas.
6. Peritaje de firmas y sellos.
7. Reconstrucción de los avales de traslado.
8. Declaración de internos trasladados.
El propio escrito solicita esas medidas precisamente para determinar si las acusaciones tienen sustento.
La pregunta que queda abierta
La denuncia que sacudió a la Unidad 31 plantea una hipótesis extraordinariamente grave: que un interno habría podido ingresar a una oficina penitenciaria, utilizar recursos informáticos estatales y confeccionar documentación destinada a justificar el traslado de otros presos.
Pero todavía hay una distancia enorme entre esa acusación y una prueba judicial.
La distancia se puede medir en un usuario, una computadora, un archivo, una firma, un sello y un expediente judicial.
Por eso, la pregunta que queda abierta para el próximo paso de esta investigación es concreta:
¿Existen en los sistemas y expedientes oficiales las huellas de los supuestos avales de traslado?
Si existen, habrá que determinar quién los confeccionó.
Si las firmas no corresponden a quienes aparecen como autores, habrá que establecer quién las falsificó.
Y si los documentos fueron efectivamente generados desde una computadora oficial de la Unidad 31, habrá que explicar cómo y bajo qué autorización un interno pudo acceder a ella.
La respuesta a esas preguntas podría transformar una acusación contenida en una denuncia en una evidencia documental verificable.
LEÉ LA INVESTIGACIÓN COMPLETA
Capítulo 1 — [La grave denuncia que sacude a la Unidad 31 de Florencio Varela]
Capítulo 2 — [Starlink, cuotas y golpes: el supuesto negocio de Internet en la cárcel]
Capítulo 3 — La computadora de la cárcel y los misteriosos avales de traslado
Próximamente — Capítulo 4: La caja del Pabellón 1
Apoyá el periodismo que cuenta las historias de Varela y el sur del conurbano
Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu apoyo permite sostener coberturas policiales, judiciales e investigaciones del conurbano sur.
Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.
