Otra vez piedra libre para Raúl Guillermo Pascual Muñoz, el primer intendente de facto de la dictadura militar en Florencio Varela. Al militar se le imputan 88 crímenes de lesa humanidad en su paso por Campo de Mayo. Además, fue condenado a prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y homicidio doblemente agravado, en el caso de la obrera metalúrgica, Ana María Martínez.
Durante su intendencia, el por entonces teniente coronel aplicó el Decreto-Ley Nº 8595/76 que le permitió cesantear y perseguir a empleados municipales por su militancia, llegando a participar en la persecución, secuestro y desaparición de la enfermera y delegada gremial Melba Campodónico de Sánchez, tal como investigó el titular de la Dirección de Derechos Humanos de Florencio Varela, el profesor Guillermo Ñañez y que oportunamente se publicara en el diario Infosur.
Ñañez descubrió que Muñoz en el 2015 formaba parte del Instituto Sanmartiniano y que incluso daba charlas sobre San Martín en escuelas secundarias. Poco después de la publicación del dato fue apartado por la Ministra de Cultura. En el año 2015, Pascual Muñoz ingresó a los tribunales donde sería juzgado, sin custodia, riéndose, y sacando la lengua a la prensa y a todos los que asistieron al juicio.
Muños fue autorizado para votar en la escuela ubicada en calle 42 entre 8 y 9 antes del mediodía.
El testimonio de un reconocido militante de Florencio Varela, Vicente Ierace, cuenta quíén era el dictador y qué hacía en Florencio Varela.
