A 17 años de la denominada “Masacre de Quilmes”, en la que cuatro adolescentes murieron en un incendio iniciado en los calabozos de la comisaría primera ubicada en Alem y Sarmiento, durante un motín a raíz de torturas a las que habían sido sometidos, los familiares de las víctimas siguen reclamando «condena firme para los 10 expolicías» mientras esperan el inicio del proceso a otra oficial que aún no fue juzgada. Como cada año ayer se reunieron en la Plaza de la Estación de Quilmes.
Elías Giménez (15), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueoa (17) murieron tras el incendio originado el 20 de octubre de 2004 en la dependencia situada en Alem y Sarmiento, en pleno centro de Quilmes.
No obstante, como las condenas no están firmes, ninguno está en prisión. “Es una muestra de la continuidad de la lucha”, dijo sobre el juicio que está previsto y al que llegará una policía que inicialmente no había sido imputada y que en el debate fue involucrada por testigos.
La “Masacre de Quilmes” ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría Primera, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.
En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes.
Por las torturas y el incendio, se encuentran sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo D´Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.
Tras ese debate y gracias a las declaraciones aportadas por testigos que fueron buscados “casa por casa” por los familiares de las víctimas, la oficial Romina Guaquinchay fue señalada como una de las policías que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que hasta entonces no había sido imputada.
Guaquinchay, en ese momento embarazada de siete meses, habría formado parte, según testigos, de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas, y no habría hecho nada para detener las torturas. En la causa en la que ahora está acusada y por la que será llevada a juicio, al menos tres testigos la mencionaron con un palo en la mano.
El inicio del juicio a la policía por “omisión de evitar tortura”, delito que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión, estaba previsto para el 19 de marzo, aunque fue suspendido y pospuesto sin fecha firme por el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia de coronavirus.
