La Red de Jueces Penales bonaerenses alertó que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires corren el riesgo de “quedar sometidos a un espiral de violencia ascendente que nadie merece y que, sin embargo, ya parece vislumbrarse en diferentes lugares” por la ausencia de políticas integrales para abordar la narcocriminalidad.
“La provincia de Buenos Aires asumió la persecución del narcomenudeo en diciembre de 2005 a fin de lograr el despliegue de ´una lucha eficaz´ contra el narcotráfico. Diecisiete años después, lo único evidente es su fracaso”, sostuvieron los magistrados en un comunicado.
“Desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses venimos denunciando, hace tiempo, algunos de los defectos de la ley. Entre ellos, el hecho de que la provincia haya asumido la persecución de delitos que antes correspondían a la jurisdicción federal sin recibir los aportes presupuestarios que se habían comprometido; el creciente número de las personas detenidas por este tipo de delitos (a diciembre de 2021 eran 7.584 personas detenidas en la provincia, correspondientes a un 12,9% del total en un contexto de superpoblación y hacinamiento); el aumento del litigio en juzgados desbordados y con cientos de cargos de jueces vacantes; las dificultades de sostener investigaciones independientes (federales y provinciales) de un delito que se expande en redes interconectadas”, detallaron.
“Y más allá de las dificultades mencionadas que de por sí obligan a un replanteo profundo de las decisiones adoptadas, la absorción de este tipo de delitos ha permitido advertir en los últimos años el colapso de una política que lejos está de ser racional, eficiente, respetuosa de los derechos y comprometida con una mirada abarcativa de la realidad socioeconómica de la provincia. Es así que el aumento de la narcocriminalidad ha traído consigo un parejo crecimiento de hechos de una violencia inusitada: sicarios que acribillan a balazos a sus competidores, ajustes de cuentas, tiroteos en la calle, intimidación de testigos y luchas por la apropiación de zonas de distribución, entre otras. El proceso evidencia así que la vida en la provincia se devalúa en la medida que se expanden bandas y grupos criminales dedicados al narcotráfico. Ello adquiere ribetes aún más graves en los barrios populares, donde están representados los mayores índices de desocupación y pobreza y, en los cuales, se registran degradantes prácticas de cooptación a los habitantes mediante dinero o violencia”, añadieron los magistrados nucleados en la Red de Jueces Penales Bonaerense.
En tanto alertaron sobre la “erosión de las condiciones de convivencia a partir de la retracción del Estado en los lugares donde más se lo necesita, la desprotección contra el crimen y la frustración de las políticas de persecución fragmentarias y faltas de coordinación llevadas hasta ahora. Esta realidad, cada vez más hostil, hace difícil no pensar en el riesgo que corremos los bonaerenses de quedar sometidos a un espiral de violencia ascendente que nadie merece y que, sin embargo, ya parece vislumbrarse en diferentes lugares de la provincia”.
“Todos los poderes públicos deberían tomar debida nota de esta situación aflictiva y comprometer sus mejores esfuerzos institucionales para revertir el panorama descripto, a través de políticas integrales y racionales”, finalizaron.
