El abogado de la familia de Lautaro Morello, el joven brutalmente asesinado en diciembre de 2022 en Florencio Varela, calificó como un “mamarracho jurídico y vergonzoso” la decisión del juez Julián Busteros de excusarse y dejar la causa que investiga el crimen y la desaparición de Lucas Escalante, amigo de Lautaro.
El doctor Carlos Dieguez, representante legal de los Morello, ante la consulta de Infosur expresó su indignación por la actitud del magistrado, quien alegó haber recibido amenazas, difamaciones y hostigamiento por parte de los medios de comunicación, las redes sociales y los carteles en la vía pública.
El abogado recordó que el juez Busteros fue el mismo que otorgó la prisión domiciliaria al imputado Sergio Enrique Argañaraz, quien está acusado de encubrimiento en la causa que tiene en vilo a Florencio Varela. Según el magistrado, Argañaraz padecía de diabetes y necesitaba atención médica. Sin embargo, los familiares de Lautaro denunciaron que el acusado gozaba de buena salud.
En las últimas horas del viernes, Infosur adelantó la excusación del juez que por orden del tribunal superior debía decidir la prisión preventiva del comisario mayor Francisco Centurión, acusado por el fiscal Daniel Ichazo como presunto autor del secuestro y posterior desaparición de Lucas Escalante.
La increíble excusación del juez Busteros y la crítica del abogado de los Morello
La excusación del juez Busteros a la responsabilidad de definir la situación procesal del Comisario Mayor Francisco Centurión que le había ordenado la cámara tiene cinco páginas. En ellas desarrolla una serie de argumentaciones que parecen extraídas de un cuento.
En el documento el magistrado sostiene que «se han suscitado en la causa situaciones de gravedad suficientes para ver comprometida mi independencia e imparcialidad», a pesar de haber decidido el encierro cautelar del imputado Centurión a principios del mes de septiembre. A su vez, remarca que se dieron algunos episodios «que afectan la necesaria tranquilidad de espíritu que debemos tener los operadores del sistema» judicial.
Entre ellos, Busteros enumera que fue amenazado, difamado y hostigado «en los medios de comunicación locales y nacionales, en redes sociales y mediante carteles en la vía pública», a pesar de que entiende que los magistrados están «constantemente sujetos al escrutinio público» y que jamás se excusó por razones similares.
«Han ocurrido hechos de mayor gravedad y hoy veo comprometido profundamente mi ánimo», expresó en la resolución, refiriéndose a «descalificaciones y agravios de extraños o de los propios intervinientes en el proceso». A su vez, marcó que la sede de los juzgados de garantías descentralizados de Florencio Varela fue vandalizada dos veces tras sus decisiones tomadas en la causa: primero por la prisión domiciliaria dictada contra el imputado Sergio Enrique Argañaraz -por estar enfermo de diabetes, aunque familiares de los jóvenes indican que gozaba de buena salud- y luego por la prisión preventiva contra Centurión padre.
Más allá de las manifestaciones frente al juzgado, pidiendo acciones rápidas en una causa que ya lleva más de 10 meses sin respuestas, el juez Busteros remarca que «pese al contenido intimidatorio (…) decidí atender a los particulares daminificados». Primero de forma personal, en una reunión que «transitó por carriles de respeto» y luego de manera virtual. «Fui insultado y al salir de la misma, un edificio sin custodia, fue vandalizado», agregó. Además, denunció insultos y amenazas.
«Frente a la necesidad de reeditar el acto procesal no parece aventurado suponer que las manifestaciones contra el suscripto serán similares o que el clima de violencia moral que vengo sufriendo se verá incrementado», añade. Por esta razón, y por «temor por mi integridad física» -según alega-, se excusa de intervenir nuevamente en la causa.
