La defensa de la universidad pública terminó convirtiéndose en un símbolo más amplio de resistencia social frente al ajuste permanente.
Capitán Cianuro
La masiva marcha universitaria del 12 de mayo dejó una imagen política difícil de ignorar: miles de estudiantes, docentes, trabajadores y familias ocuparon las calles argentinas para defender algo que todavía conserva una legitimidad social profunda: la universidad pública. Pero la movilización no habló solamente de presupuesto educativo. Lo que apareció en las calles fue un malestar mucho más amplio frente al deterioro acelerado de las condiciones de vida bajo el gobierno de Javier Milei.
La protesta también dejó otra señal importante: el debilitamiento de la CGT como principal articuladora del descontento social. Durante décadas, el sindicalismo argentino fue capaz de encabezar grandes conflictos nacionales y canalizar demandas populares. Hoy, en cambio, sus convocatorias aparecen cada vez más limitadas, burocráticas y desconectadas de amplios sectores de la sociedad, especialmente de los jóvenes y de los trabajadores precarizados.
Por eso no fue casual que la propia CGT terminara adhiriendo a la marcha universitaria. La central sindical entendió que ya no posee por sí sola la legitimidad simbólica suficiente para representar el malestar social contemporáneo. La universidad pública, en cambio, sí conserva esa capacidad. Sigue siendo vista por millones de personas como una herramienta de movilidad social, ascenso cultural e igualdad de oportunidades.
Y justamente por eso el ataque del gobierno contra ella genera tanta reacción.
Desde el inicio de su gestión, Javier Milei impulsó una política de ajuste brutal donde todo derecho social es reducido a una variable de gasto. La educación pública, la ciencia, la salud y la investigación fueron colocadas bajo una lógica puramente contable, como si el único criterio válido para organizar una sociedad fuera el equilibrio fiscal.
Bajo esa lógica, las universidades nacionales sufrieron un fuerte desfinanciamiento, salarios docentes pulverizados por la inflación y enormes dificultades para sostener funcionamiento básico, becas, investigación y extensión. Hospitales universitarios y centros científicos comenzaron incluso a advertir sobre situaciones críticas. El gobierno respondió con indiferencia, ataques discursivos y acusaciones de “adoctrinamiento”, intentando convertir el conflicto educativo en una batalla ideológica permanente.
Pero el problema excede ampliamente a las universidades.
Mientras el gobierno celebra indicadores macroeconómicos y repite que “no hay plata”, millones de argentinos enfrentan una realidad cada vez más asfixiante: salarios bajos, inflación persistente, aumento del costo de vida y nuevas subas del transporte público que golpean directamente a trabajadores y estudiantes. Viajar al trabajo o a la universidad consume una parte creciente de ingresos que ya vienen deteriorados desde hace meses.
El ajuste atraviesa toda la vida cotidiana. Comer, alquilar, estudiar, atenderse en salud o simplemente sostener una rutina básica se volvió mucho más difícil. Y frente a eso, el discurso oficial parece limitarse a pedir sacrificios infinitos en nombre de una supuesta estabilidad futura que nunca termina de llegar para la mayoría.
Al mismo tiempo, el gobierno construyó un clima político basado en la agresión permanente. Universidades, periodistas, científicos, artistas, movimientos sociales y opositores son tratados como enemigos internos o “casta” cada vez que cuestionan las políticas oficiales. La violencia verbal dejó de ser excepcional para transformarse en método de gobierno.
Esa lógica no solo deteriora el debate democrático. También busca legitimar el vaciamiento de instituciones públicas fundamentales para la vida social argentina.
La marcha universitaria expresó entonces algo mucho más profundo que un reclamo sectorial. Expresó el límite social frente a un proyecto político que parece considerar a la educación, la ciencia y los derechos sociales como obstáculos antes que como pilares de una sociedad democrática.
Y allí aparece quizás la contradicción más fuerte del discurso libertario oficial. Porque mientras el gobierno habla obsesivamente de libertad, sus políticas reducen cada vez más las condiciones materiales necesarias para ejercerla. Sin salarios dignos, sin transporte accesible, sin educación pública y sin posibilidades reales de progreso, la libertad deja de ser un derecho colectivo y se transforma simplemente en un privilegio para quienes todavía pueden pagarla.
