Capitán Cianuro
Hubo un tiempo en que la CGT podía paralizar ciudades, colmar plazas y condicionar decisiones políticas. Bastaba un anuncio de ajuste, una reforma laboral o una amenaza al salario para que aparecieran columnas de trabajadores marchando bajo sus banderas. La calle era una extensión natural del conflicto social y el sindicalismo se asumía como dique de contención frente a los excesos del poder. Hoy, en cambio, la imagen es otra: movilizaciones más pequeñas, discursos menos encendidos y una dirigencia que parece hablar en voz baja mientras la crisis grita. La pregunta se impone sola: ¿dónde quedó la CGT y dónde quedó el trabajador?
Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un programa de recortes, desregulación y flexibilización, resulta llamativo el contraste entre la magnitud de las medidas y la debilidad de la respuesta sindical. No hace falta sostener teorías conspirativas para advertir que parte de la dirigencia eligió la prudencia negociada antes que la confrontación abierta. En política, muchas veces el silencio también es una postura.
Algunos gremialistas parecen haber calculado que enfrentarse de manera frontal a un gobierno que conserva apoyo electoral podía dejarlos aislados. Otros, probablemente, apuestan a sobrevivir administrando influencia en despachos antes que arriesgarse en la calle. El problema es que cuando la representación se vuelve táctica y deja de ser moral, el trabajador lo percibe rápidamente. Y cuando lo percibe, se aleja.
Sin embargo, culpar solo a los sindicatos sería cómodo e incompleto. También cambió la vida de quienes trabajan. Hoy millones de personas viven bajo una presión constante: salarios deteriorados, alquileres impagables, tarifas crecientes, endeudamiento cotidiano y miedo real a perder el empleo. Quien no sabe si podrá pagar la comida del mes difícilmente tenga margen para sumarse a una huelga o faltar un día para marchar. La precariedad económica no solo vacía bolsillos; también disciplina cuerpos.
Existe además una transformación estructural que el sindicalismo tradicional no terminó de comprender. El mundo del trabajo ya no es únicamente la fábrica, la oficina estable o el convenio colectivo clásico. Hay repartidores de aplicaciones, monotributistas forzados, freelancers, changas digitales, empleos temporales y una extensa informalidad que vive al margen de toda protección. Para muchos de esos trabajadores, la CGT no representa una herramienta de defensa, sino una institución ajena, lejana y envejecida.
Ahí reside una de las crisis más profundas: el sindicalismo conserva sellos, estructuras y capacidad de interlocución, pero perdió parte del vínculo emocional con una nueva generación que no se siente convocada. Se habla en nombre del trabajador, pero muchas veces sin escucharlo.
Mientras tanto, el discurso oficial instala otra narrativa: que reclamar derechos laborales es un privilegio, que la organización colectiva es un obstáculo y que la precarización es modernidad. Se presenta como sentido común que trabajar más horas por menos dinero es sacrificio necesario. Y cuando esa idea se naturaliza, el retroceso deja de parecer injusticia para convertirse en costumbre.
Por eso la ausencia de grandes movilizaciones no debería confundirse con conformidad social. El silencio no siempre expresa acuerdo; muchas veces expresa agotamiento. Hay pueblos que no protestan porque estén satisfechos, sino porque están exhaustos. Hay trabajadores que no marchan porque apoyen cada medida, sino porque sienten que nadie los representa o porque no pueden arriesgar lo poco que tienen.
La historia enseña que cuando las instituciones que debían canalizar el malestar dejan de hacerlo, ese malestar busca otras salidas. A veces aparece en las urnas. A veces en la apatía. A veces en estallidos inesperados. El conflicto social no desaparece porque no se vea en televisión; simplemente cambia de forma y se acumula debajo de la superficie.
Entonces la pregunta inicial sigue vigente, pero con un matiz más grave. No se trata solo de dónde quedó la CGT. Se trata de dónde quedó la dignidad del trabajo como eje ordenador de una sociedad. Cuando el salario no alcanza, cuando la jornada se extiende, cuando la representación se debilita y cuando reclamar parece inútil, no solo retrocede un sindicato: retrocede la idea misma de ciudadanía laboral.
Y cuando una sociedad normaliza eso, el costo no lo paga únicamente el trabajador. Lo paga toda la democracia.
