Brutal ataque patovica: “No hay voluntad política para terminar con el flagelo”, dice Oscar Castellucci

Cada ataque violento de un patovica le duele a Oscar Castellucci, el papá de Martín, aquel joven que tenía 20 años cuando un boxeador amateur que trabajaba de seguridad en un boliche lo mató a golpes. Y revive la pesadilla como si fuera propia. “No hay voluntad política para erradicar este flagelo”, dispara en medio de la tremenda conmoción que causó la agresión en el polémico local nocturno D ONE de Florencio Varela el fin de semana. Esta vez le tocó a Lucas Sáez (24) quien se encuentra internado en terapia intensiva, con respirador artificial debatiéndose entre la vida y la muerte.
Oscar Castellucci, quien aseguró que la vigencia de la Ley 26.370 que establece reglas de habilitación del personal que realiza control y vigilancia en los boliches “es relativa”. “Casi la totalidad de los establecimientos están por fuera del margen de la Ley porque no tienen registrados a los trabajadores”, aseguró. Y le apuntó a D ONE.
Este y otros casos hacen que Castellucci se lamente por una situación contra la cual lucha desde que su hijo Martín perdió la vida en una ocasión similar, hace ya casi diez años, en un local bailable de Lanús. Por eso, con pesar, advierte que ya no se sorprende y acusa “falta de voluntad política” para ponerle fin a estas tragedias totalmente evitables.
En este marco, cuestionó que la ley 26.370, que regula la actividad de los controladores de derecho de admisión y permanencia, conocidos como “patovicas”, tiene una vigencia relativa. “Porque, por un lado, la ciudad de Buenos Aires no está adherida, con una situación muy particular ya que en 2010 la Legislatura porteña había adherido y, tres años más tarde, sacó otra ley para desadherirse”, cuestionó el titular de la Asociación Civil Martin Castellucci (ACMC), para quien “al gobierno de la Ciudad no le preocupa el tema ya que no hay una normativa real que funcione en Capital”.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, “la Ley está funcionando parcialmente”. Si bien hay instituciones involucradas, tanto organizaciones civiles y comunitarias como la Secretaría de DD.HH., hay otras áreas del Estado “desde las cuales no se están llevando a cabo efectivamente el tema de la fiscalización y el control”.
En este marco, consideró que “hace falta voluntad política para aplicar la Ley” porque desde organizaciones como la suya y “desde la sociedad se hacen todos los esfuerzos necesarios para terminar con este flagelo”.
“Al no realizarse esto, no se verifica que casi la totalidad de los establecimientos están por fuera del margen de la Ley porque no tienen registrados a los trabajadores. Esto significa que los mismos no han cumplido con la capacitación, por lo que podemos afirmar que no hay voluntad ni responsabilidad social por parte de los dueños del boliche, a los cuales lo único que les interesa es el lucro”, remarcó.
Entonces, según indicó, siguen contratando “tipos carentes de capacitación, con un perfil violento y el resultado son estos casos”. “Tristemente ya no me sorprendo”, señaló respecto de los dos casos ocurridos este fin de semana y se mostró preocupado por la salud de los jóvenes. “Están evolucionando, pero la verdad que estaban muy golpeados”, expresó.
Por la mañana, el titular de la ACMC se contactó con las autoridades de la Secretaría de DD.HH. de la Provincia que, según señaló, “es la única área que manifiesta alguna sensibilidad por avanzar en alguna solución”. “Nos contactamos con ellos para ponerlos al tanto del caso (de Florencio Varela) ya que ellos tienen la facultad de, aunque sea, propiciar la verificación que corresponda”, indicó.